Ya fueron condenados, primero por el Tribunal Superior de Justicia y después por el Tribunal Supremo. Por eso, entre otros, el exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, cumple actualmente seis años de prisión. Faltaba que la Generalitat recuperase el dinero defraudado cuando Blasco concedió en 2008 sendas subvenciones de cooperación al desarrollo a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) con destino a programas en Nicaragua que, en realidad, se gastaron en la compra de inmuebles en Valencia. Ahora, el Tribunal de Cuentas, al que correspondía el procedimiento de reintegro, ha condenado, en una sentencia fechada el pasado 12 de noviembre, a Blasco y a todo su equipo en la conselleria, junto al presidente de la Fundación Cyes, Marcial lópez, y el empresario Augusto César Tauroni, como “responsables contables, directos y solidarios” a pagar 1,6 millones de euros que corresponden a “la totalidad de la malversación contable”.
Sólo el exsecretario autonómico Josep Maria Felip ha quedado al margen de la condena, que afecta al propio Blasco, como consejero, al subsecretario del departamento Alexandre Català, al exjefe de área de Cooperación Marc Llinares, la exsecretaria general administrativa Tina Sanjuán, el que fuera presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, y el titular de la empresa Arcmed, Augusto César Tauroni. La singularidad de la resolución reside en que incluye entre los responsables a Marc Llinares, que fue absuelto por el Supremo en la sentencia del caso. “En el relato de hechos probados de las sentencias penales ha quedado acreditado que el señor Llinares Picó se encargó de ocultar los informes sobre los magros trabajos realizados en Nicaragua, escandalosamente nimios en relación al monto de la subvención”, señala el Tribunal de Cuentas, que añade que su comportamiento “no cabe sino ser calificado de dolo”.
Tanto Cyes como Arcmed, la primera en tanto que receptora de unas ayudas que se destinaron a la compra de dos pisos y varias plazas de garaje en Valencia, y la segunda como receptora de parte del dinero de las subvenciones para supuestos trabajos de asesoría, han sido declaradas por el Tribunal de Cuentas, “responsables contables subsidiarios”.
La resolución incluye la obligación de los condenados de pagar los intereses devengados y las costas del procedimiento. “Consta en los hechos probados”, recoge la sentencia, “que fueron concedidos en cada uno de los proyectos de subvenciones 833.409,93 euros, resultando que del total de 1.666.819,86 euros que la Generalitat Valenciana invirtió en la colaboración internacional, apenas llegó a su destino la cantidad de 47.953,34 euros, es decir, menos del 3%, aprovechándose en beneficio propio del 97% restante el señor López López y el señor Tauroni Masià”.
Blasco, a quien denunciaron las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís, ante la Fiscalía Anticorrupción, fue defendido por el PP hasta que su caso se hizo insostenible. El exconsejero pasó en junio de 2013 a ser un diputado no adscrito en las Corts Valencianes. A partir de entonces, la Abogacía de la Generalitat pasó de defenderle, con procedimientos judiciales de rectificación ante diversos medios de comunciación, a acusarle por el fraude. Ha sido la Abogacía de la Generalitat la parte acusadora ante el Tribunal de Cuentas.