“Aquí tenemos más accesible ir al monte que al supermercado”. Raül vive en Vilafamés (Plana Alta), donde lleva cuarenta días sin apenas salir de casa. Vilafamés está a unos 7 kilómetros por carretera del municipio más cercano y tiene 1.800 habitantes censados, que siguen las mismas reglas de confinamiento que una urbe de más de 6 millones de habitantes como Madrid.
Raül explica que en su municipio se planteó a la Guardia Civil un permiso para ir a los huertos, pero, en función del mando, se accede o no. “Si tienes animales allí puedes ir, pero depende de los agentes. Tendría que estar arbitrado”, explica. Su municipio se autoconfinó antes de decretar las medidas del estado de alarma. No saben cuántos casos positivos por coronavirus pueden tener, pero sospechan que el número es muy bajo. Pide poder salir al monte, donde hay “distancia de sobra” entre personas.
La petición de Raül se repite en varias poblaciones, pequeños municipios de interior y áreas rurales que han trasladado sus quejas a las redes. Uno de los momentos incendiarios ocurrió cuando el Gobierno anunció en primera instancia que los niños podrían acompañar a los padres a tareas rutinarias como ir al supermercado o la farmacia. “¿Y si no tenemos supermercado, adónde los llevamos?”, se pregunta Àlex Vilanova, regidor de La Jana (Baix Maestrat).
Vilanova es también integrante del Fòrum Noves Ruralitats, una organización que trabaja por la integración de la perspectiva rural en la toma de decisiones. El anuncio del Gobierno, que fue rectificado en el mismo día, es para ellos una de las mejores muestras de urbanocentrismo en la toma de decisiones. La Jana, en Castellón, cuenta con apenas 700 habitantes, una población muy envejecida y con el supermercado más cercano a 20 kilómetros, sin posibilidad de acudir en transporte público.
El pueblo apenas tiene casos confirmados y el vecindario no conoce más que a un par de personas con síntomas. “Las medidas se han pensado en sitios con aglomeración de gente importante. Hay cosas que no se entienden. Se ha prohibido a la gente que vaya a recoger las verduras de sus huertos [para consumo propio]. Están esparcidos por el campo, no hay ningún peligro”, critica Vilanova.
“La mitad de la población son jubilados y tienen su propio huerto. Hay 40 o 50 niños, casi hay más perros que niños aquí. No entendemos que no puedan salir”, insiste. “Muchas personas trabajamos en el campo. Podríamos llevar a los niños al campo, ellos podrían estar en la finca sin ningún contacto. No se comparte un espacio distinto, es como en casa, subes al coche y llegas”.
Desde el Fòrum insisten en la necesidad de acudir a los huertos privados y permitir los mercados de proximidad. Con las actuales medidas “sólo puedes ir al súpermercado, porque los mercados de venta semanal están cerrados. Quitas la posibilidad de vender y de comprar productos fresco y de proximidad. Estas medidas perjudican al sistema agrario basado en la soberanía alimentaria”.
Tanto el president de la Generalitat, Ximo Puig, como la vicepresidenta, Mónica Oltra, han insistido en sus últimas comparecencias en que el desescalado del confinamiento debe ser asimétrico y atienda a criterios geográficos, de edad y por actividad económica. “El desconfinamiento debe atender razones geográficas, sectoriales y sociales. Muchas veces el baremo no tiene por qué ser el de las autonomías. No hay que ser centralista en ese sistema tampoco”, expresó Puig en su comparecencia en las Corts Valencianes. Las autonomías han trasladado varias propuestas de desconfinamiento asimétrico este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Algunas voces consideran que se debería incluir la perspectiva rural en la gestión de esta crisis. Es el caso de Compromís, donde la diputada Belén Bachero -de Vistabella del Maestrat (L'Alcalatén)- ha reivindicado que se atiendan las diferencias. Entre ellas, la diputada cita la baja densidad de población, la proximidad de zonas de cultivo para autoconsumo, los espacios y entornos naturales “sin riesgo de contacto con otras personas”, la ausencia de nódulos de transporte donde se aglutine la población o la necesidad de cuidar el entorno forestal por el peligro de incendios. En el mismo partido, desde la corriente Bloc i País, su coordinador, Vicent Fernández, considera que es “absurdo” que “en un pueblo rural sin afección de la pandemia se deban mantener las mismas restricciones diseñadas para grandes ciudades, cuando las situaciones no se parecen en nada”. La agrupación plantea que “hay que diseñar unas estrategias tan sensibles como estas desde la proximidad, que es dónde más se conoce cada circunstancia concreta”.