“En estos momentos no sabemos que día empieza la campaña para que se incorporen los 240 bomberos fijos discontinuos que el pasado año se incorporaron el 15 de abril. Estamos teniendo el mes de enero con más incendios de los últimos cinco años, por suerte sofocados rápidamente, pero estamos en un contexto de sequía temperaturas altísimas que anuncian un año 2024 muy complicado. Los compañeros deberían incorporarse antes de Semana Santa que este año empieza una semana después de Fallas (19 de marzo), ya que son fechas en las que las familias frecuentan los entornos forestales”.
El presidente del comité de empresa de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, S.A.U (SGISE) y miembro del sindicato CGT, Alberto Pardo, se ha mostrado así de crítico tras la reunión del consejo de administración de la entidad celebrada el pasado 23 de enero. Dependiente de la Conselleria de Justicia que ahora gestiona Vox, la SGISE se creó en 2018, con el Gobierno del Botánico, para asumir de forma conjunta la gestión de los incendios forestales y otras emergencias como nevadas o inundaciones.
En la sesión del consejo se aprobó un nuevo encargo a la empresa Tragsa centrado “únicamente” en la movilidad y el mantenimiento de la flota de vehículos, una medida que, según la dirección de la compañía, es “la única vía posible” para “garantizar la operatividad del servicio”, pero se dejaron sin efecto el resto de encomiendas a la mercantil en aplicación de las recomendaciones de obligado cumplimiento efectuadas por la Sindicatura de Cuentas.
Unas recomendaciones, que según Pardo, pese a ser de obligado cumplimiento, se pueden adoptar en unos plazos razonables para que no se dé una merma en el servicio: “Las encomiendas retiradas a Tragsa implican el despido de 22 personas que no ha asumido SGISE. No sabemos cómo se van a hacer las nóminas o cómo se van a llevar las comunicaciones vías redes sociales u otros mecanismos, ahora solo hay una persona y los fines de semana no hay nadie”.
Además de todos estos aspectos, el secretario general de bomberos forestales de CCOO, Antonio Criado, añade que con los recortes aplicados por la actual dirección dependiente de Vox tienen “17 vehículos autobombas parados porque están averiados y no quieren destinar dinero a repararlos y otros nueve de transporte de personal parados también porque no tienen la inspección técnica de vehículos (ITV) pasada por una cuestión supuestamente de ahorro”.
Tanto Criado como Pardo recuerdan que el nuevo ejecutivo autonómico de PP y de Vox ha aplicado un recorte presupuestario para este ejercicio de 13 millones de euros en prevención de incendios y otros 9 millones en materia de formación y advierten de que el pasado año los dos peores incendios registrados en la Comunitat Valenciana se dieron fuera de los meses de verano, en concreto a finales de marzo el de Villanueva de Viver con 4.700 hectáreas calcinadas y a finales de octubre el de Montitxelvo con 2.500 hectáreas arrasadas.
“Los contratos de seis meses de los 240 compañeros son productor de una estructura del siglo pasado, actualmente no se puede tener el servicio bajo mínimos seis meses al año, ahora lo que se debe reforzar es el invierno”, aseguran y recuerdan que en los últimos años con el Botánico consiguieron que estos contratos se prolongaran dos mes más.
Pero no son los únicos problemas que tiene el cuerpo de bomberos forestales. Algunos, como la falta de un convenio colectivo, vienen desde la creación de la propia SGISE. Por este motivo, todos los sindicatos (CGT, CCOO, UGT, Emad, Csif y SPPLB) del comité de empresa han firmado un manifiesto con sus reivindicaciones, en resumen, un proceso excepcional de estabilización de plazas, la firma de un convenio colectivo, la supresión de la temporalidad del personal operativo de refuerzo, reorganización de la operatividad mediante la implantación de un tercer turno de trabajo para disponer de una presencia continua y más profesional y la incorporación de un séptimo componente por turno de trabajo. En los próximos días mantendrán reuniones con el gerente de la SGISE, con los grupos parlamentarios y se plantearán movilizaciones.
Los bulos del PP y de Vox
A toda esta situación, se añaden los bulos que ha difundido el bipartito del PP y de Vox contra el colectivo. El primero de ellos vino del propio presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, cuando insinuó que alguien que sabía de fuego podía estar detrás del incendio de Montitxelvo al haberse producido justo después de las protestas de los bomberos forestales, precisamente por la no prolongación de los contratos temporales. La investigación de la Guardia Civil concluyó el fuego se originó por una descarga eléctrica proveniente de los cables de media tensión próximos.
El último y más reciente apunta a que a puertas de las elecciones del 28M, la entonces consellera de Justicia, Gabriela Bravo, intentó colar 1.800 nuevos empleos públicos en la SGISE, algo que según Pardo y Criado sostienen que directamente “es mentira”, y explican: “El pasado año para optimizar se apostó por una reducción de categorías creando la figura del bombero polivalente. Esto obliga a duplicar plazas para que los efectivos se integren en esta nueva categoría, pero cuando esto sucede, se elimina la anterior, de modo que no hay una duplicación de personal, simplemente era una reorganización que no implicaba aumentar la plantilla”.