Los trabajadores de Canal 9 se han visto sorprendidos este jueves por la fuerte presencia policial frente a las instalaciones de la sede de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) en Burjassot, así como por la actuación del personal de seguridad de la casa, que registra sistemáticamente a todo aquél que entra y sale de las dependencias de la empresa. Estas insólitas medidas han provocado que se vivieran algunos momentos de tensión.
Según el comité de empresa, la orden la habría dado Antonio Hervás, miembro del consejo de liquidación de RTVV nombrado el pasado 28 de marzo para finiquitar el antiguo ente. Al parecer, según varios trabajadores de Canal 9, el objeto de estos registros es evitar que desaparezca documentación relacionada con diversos contratos que pudieran poner en evidencia la gestión de los diferentes directores generales al frente del ente público valenciano.
De hecho, la medida se tomó cuando parte del antiguo equipo directivo, que dimitió acusando de mentir a Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat, se disponía a abandonar las instalaciones con sus pertenencias personales. En cualquier caso, seguridad también tiene, según otras fuentes, la misión de evitar la sustracción de material de la casa. La iniciativa, según varios trabajadores consultados por este periódico, ha despertado indignación en parte del personal de la casa, sometido a un enorme estrés desde el anuncio de cierre.
La ya exdirectora general de RTVV, Rosa Vidal, reconocía durante su comparecencia en la Comisión de Control de RTVV en Las Cortes Valencianas que cuando llegó al cargo, hace siete meses, no existía ningún registro de contratos. Es más, Vidal también reconocía este mismo jueves que cuando accedió al cargo se encontró con el ordenador vacío. El dato no es baladí: Canal 9 ha ocultado a la oposicion y a la ciudadanía numerosos contratos durante años alegando su condición de empresa privada y la confidencialidad de los documentos.
A pesar de ello, numerosos son los contratos escandalosos que se han dado a conocer últimamente, como los relacionados con los equipos valencianos de fútbol de Primera División, donde se dilapidaron unos 460 millones de euros. Los relacionados con la trama Gürtel por la visita del Papa a Valencia de 2006, por el que está imputado por cinco delitos el exdirector de la cadena Pedro García, en lo que se gastaron 6,4 millones de euros, no se han entregado a la oposición. Los relacionados con la Fórmula 1, derechos que en su día compró Canal 9, tampoco.
Así, la ya exdirectora general del ente, Rosa Vidal, tensó su relación con el gobierno valenciano cuando anunció que ocultar los contratos de RTVV era ilegal. Esa es la práctica que ha seguido el PP en la televisión pública durante 18 años.