Una de las residencias más afectadas por la crisis del coronavirus como es la DomusVi de Alcoi forma parte del modelo de accesibilidad de la época del PP que impulsó el exconseller de Bienestar Social Rafael Blasco, en 2001, y que acabó de consolidar el exconseller y expresidente de las Corts Valencianes Juan Cotino, fallecido recientemente.
La Generalitat Valenciana tiene concertadas 8.236 plazas de las que más de 5.000 corresponden al mencionado modelo. Tras el paso de Blasco por la cartera de Bienestar Social, Cotino siguió premiando a la empresa que impulsó su familia junto al constructor imputado en Brugal y condenado en Gürtel, Enrique Ortiz, Savia-Gerocentros. Cuatro empresas controlan más del 70% de estas 5.000 plazas y sus propietarios son desde constructoras a grupos extranjeros especialistas en el sector. El TSJ anuló en 2016 este modelo de accesibilidad, una parte del cual se volvió a sacar a concurso.
Fue Blasco, actualmente en régimen de semilibertad tras seis años en prisión por el caso Cooperación, quien adjudicó en 2002 una concesión a 45 años a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sacova, formada por la constructora OHL y la Asociación de Servicios Aser, para habilitar y gestionar una residencia en el antiguo Hospital Civil Oliver de Alcoi.
En 2015 esta empresa pasó a manos de Quavitae Servicios Asistenciales por 46,7 millones de euros y en 2017 al grupo francés Casa Vita SAS, su propietario en la actualidad a través de su filial GeriaVi SAU. La empresa ganó 3,3 millones tras una facturación en 2017 de 29,7 millones.
Según el documento al que ha tenido acceso eldiario.es, el contrato se adjudicó sin posibilidad de prórroga y sin la obligatoriedad de que la empresa adjudicataria abonara un canon anual a la conselleria, como es habitual en este tipo de concesiones.
El documento refleja que a cambio la empresa se comprometió a rehabilitar el edificio del antiguo hospital, un coste que se aproximaría al montante de los 45 años del pago de un canon, de ahí que se dejara sin efecto. Además, establece que el centro tendría 140 plazas, de ellas 47 a disposición de la conselleria. Actualmente el precio por plaza es de unos 1.600 euros.
Esta residencia ha sido uno de los principales focos de contagio de la provincia de Alicante desde que arrancó la pandemia. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública dejó de ofrecer información de personas fallecidas por residencia cuando ya se habían contabilizado 26 muertes. Semanas más tarde los familiares denunciaron que se habían alcanzado los 70 fallecidos y que la empresa, al menos durante varios días, les puso trabas para contactar con sus parientes internados.
Además, esta es una de las 13 residencias valencianas que investiga por la vía civil la Fiscalía, debido a su elevado índice de mortalidad. Las investigaciones civiles solo incluyen en principio la recogida de información y el seguimiento para garantizar que no se producen irregularidades.