No sería la primera. La exministra socialista de Sanidad Leire Pajín fue el blanco de las amenazas de reprobación del PP cuando fue senadora autonómica y se negó a comparecer en las Corts Valencianes. Por ella promovió el PP en 2010 la reforma de la Ley de Designación de Senadores o Senadoras en Representación de la Comunitat Valenciana. Hasta entonces, nunca comparecían, pero se trataba de retrasar su nombramiento (de hecho los socialistas estuvieron en minoría unos meses en el Senado por ello) y de reprocharle, en su condición de ministra, todos los males que se le atribuían al Gobienro de José Luis Rodríguez Zapatero.
Gracias a aquella reforma, la actual senadora autonómica Rita Barberá, del PP, está citada a comparecer el 29 de febrero ante una comisión de las Corts, donde ha sido reclamada por Podemos para explicar “de qué manera afecta al ejercicio del cargo de senadora en representación de los intereses públicos de los valencianos su presunta vinculación a la trama corrupta ligada al caso Imelsa, cuya investigación se amplió el pasado 26 de enero al hacer el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, en colaboración con la fiscalía especial contra la corrupción, una batida policial en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y diversas detenciones de cargos del PP, entre otros, de personas vinculadas a la gestión del gobierno municipal cuando la señora Barberá era alcaldesa”. También Compromís ha hecho una solicitud en el mismo sentido y ningún grupo, incluido el PP, se ha opuesto a que la exalcaldesa de Valencia sea citada.
Pero Barberá, ya en su comparecencia previa a la designación, en julio de 2015, tuvo sus más y sus menos con los diputados de la oposición, a los que acusó de atacarla personalmente (llamó “alevín de diablesa” a la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà). Ahora, acorralada por la corrupción, en su concurrida rueda de prensa del pasado jueves, calificó de “tribunal popular”, de “totalitario” y de “inconstitucional” su eventual sometimiento a las intervenciones de los parlamentarios autonómicos en la Cámara que la nombró.
El presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, salió horas después de la rueda de prensa de Barberá en defensa de la soberanía del Parlamento y la emplazó a acudir, pero ya dejó claro que la máxima respuesta posible es una reprobación como la que el PP intentó promover contra Pajín. Eso ocurre porque, en efecto, en la reforma de la ley en 2010 se introdujo la obligación de los senadores autonómicos de comparecer a petición de un grupo parlamentario, en los mismos términos que se aplican a los consellers de la Generalitat. Sin embargo, a la hora de fijar los procedimientos de cese, la norma solo prevé cuatro: la disolución de las Corts Valencianes, el “fallecimiento, incapacidad, renuncia o cualquier otro supuesto previsto en la legislación electoral general”; la pérdida de las condiciones de elegibilidad (por ejemplo, al ser objeto de alguna condena judicial), o por alguna incompatibilidad no apreciada (como el desempeño de algún otro cargo público o institucional).
Barberá, cuyo suplicatorio para su posible imputación judicial ha sido enviado por el Tribunal Supremo al Senado, goza de la condición de senadora en representación de un Parlamento que no la puede revocar.