Rita Barberá ha difundido un comunicado de dos páginas en las que anuncia que deja de ser militante del PP pero no senadora. Un día después de que el Tribunal Supremo abriera causa contra ella por blanqueo de capitales, la presión de la dirección del PP ha logrado que ceda y pida su baja de militancia. “Así me lo ha pedido el PP y con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él”. El motivo de no abandonar su escaño lo deja claro: “Podría entenderse como una asunción de responsabilidad”.
Desde que se conoció la decisión del Supremo, Barberá y su partido han mantenido un pulso en el que la política valenciana ha hecho realidad el temor que cundía en el PP: que se aferrara a su acta más que a las siglas. Los miembros de la dirección no han logrado convencerla ni con la amenaza de que la Comisión de Derechos y Garantías podría suspenderla de militancia. Ella se ha adelantado.
El comunicado de Barberá incluye un recado a sus compañeros de filas, especialmente a dos de los barones que más duros han sido con ella en las últimas horas: Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Alonso. “Así evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales”.
Barberá también informa de que la resolución judicial la esperaba“porque resultaría incoherente no llevar a efecto este inicio de investigación” cuando se está investigando “a otras 49 personas por el hecho objetivo de haber realizado una aportación de 1000 euros destinados a la campaña electoral”. Así, en el tercer punto del texto, la exalcaldesa acusa de “burda manipulación, interesada políticamente” a quienes consideran que ha disfrutado de un privilegio hasta ahora por ser aforada.
La decisión del Supremo, tal vez un golpe definitivo a Barberá a sus 68 años, era la crónica de una muerte anunciada desde que en enero estalló el caso Taula, que implica a todos los concejales del PP en Valencia excepto uno y a decenas de asesores y candidatos de una lista que Barberá encabezó y que abandonó antes incluso de que el nuevo alcalde de Valencia, Joan Ribó, tomase posesión.
La implicación central de una persona de su confianza como María del Carmen García Fuster, tesorera del Grupo Municipal, y de quien fue su mano derecha como vicealcalde, Alfonso Grau, así como de la esposa de este último, María José Alcón, que fue concejala de Cultura y en cuyo negociado se habrían producido buena parte de las mordidas, conduce a Barberá hacia una imputación inevitable.
Como ocurre siempre con el PP, para el que son las decisiones judiciales en los casos de corrupción que afectan a sus dirigentes las que propician que estos sean apartados o dimitan, en el caso de Barberá se ha dejado llegar el asunto hasta uno de esos puntos. El problema es que la coincidencia con un momento político en el que Mariano Rajoy trata de encontrar apoyos para lograr ser investido de nuevo presidente del Gobierno, y en plena campaña electoral en Galicia y Euskadi, ha añadido gravedad a la situación y ha convertido el “problema Rita” en una piedra de toque.
Así, a la reacción unánime de todos los partidos exigiendo la dimisión de Barberá como senadora, un cargo que le ha permitido esquivar hasta ahora, gracias al aforamiento, la imputación efectiva, se ha sumado un aluvión de voces de dentro del propio PP apelando, en unos casos, a Rajoy para que forzara su marcha, y en otros a la responsabilidad de la propia Barberá.
Al final, pese a que muchos daban por hecha la salida de Barberá del Senado, la única institución que está dispuesta a abandonar es el PP, el partido en el que milita desde 1976.
Barberá y el blanqueo de capitales
El juez que investiga el supuesto blanqueo de capitales en el PP de Valencia y el Tribunal Supremo coinciden en que la exalcaldesa debe ser investigada en el asunto, que ya ha supuesto la imputación de nueve de los 10 concejales populares en la ciudad, suspendidos de militancia pero aún en sus cargos.
Según los investigadores -juez, fiscalía anticorrupción y Guardia Civil-, el partido pudo financiar sus campañas de forma ilegal y dinero negro procedente de mordidas a cambio de adjudicaciones amañadas o donaciones irregulares. El sistema, a priori, era poco sofisticado: concejales, asesores o trabajadores del partido transferían 1.000 euros que luego recibían, para no dejar rastro, en billetes de 500.
Barberá fue uno de los donantes. En una pieza con más de 50 investigados, incluido el PP como organización, la alcaldesa no podía ser ajena a la instrucción del caso, según el juez de Valencia y el Tribunal Supremo. “Resulta imprescindible” aclarar su papel en el asunto, ha dicho el alto tribunal, tanto por su jerarquía en el partido como por las menciones a ella recogidas en algunas de las escuchas policiales que constan en el sumario.
En Febrero, poco después del estallido del caso Taula, Barbera fue rotunda. “No dimito ni me lo planteo”. “Sí que he dado aportaciones extraordinarias como los 1.000 euros para la campaña electoral, que no me fueron devueltos”, dijo entonces, tras insistir en que no había contribuido, ordenado ni conocido ningún blanqueo, “ni en el PP ni en ningún otro ámbito”. Casi medio año después, la presión está siendo casi insoportable incluso para una fiera política como Barberá.