Lunes a las 10.30 en el Tribunal Supremo. La que fuera alcaldesa de España, Rita Barberá, será interrogada por el juez, el fiscal y, tal vez, el PSOE, que se ha personado en la causa como acusación popular.
En la comparecencia se intentará dilucidar la implicación de la senadora en una trama de corrupción y financiación ilegal que afecta al PP de Valencia (ciudad). Estas son algunas de las preguntas a las que debería responder.
¿Conoce la supuesta trama corrupta que se lucraba con mordidas en contratos públicos?
La investigación del caso Taula, en la que se inscribe la investigación que afecta a Barberá, se centra en supuestas irregularidades en varias empresas públicas: Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos, bajo sospecha por sobrecostes millonarios), la Fundación Jaume II El Just y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia. En todas ellas se pudieron realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales.
Se investigan contratos desde el año 2003. La exconcejal señalada por estar en el epicentro de la trama, María José Alcón, señala a Barberá en varias conversaciones, aunque no hace ninguna imputación concreta. Su mujer de confianza en el ayuntamiento, la exsecretaria del grupo popular, Carmen García Fuster, no ha podido acreditar ante el juez el origen de 200.000 euros que tenía el partido.
¿Participó en el blanqueo de capitales que se imputa a todos sus concejales?
En el transcurso de la investigación del caso Taula, se detectó un sistema de blanqueo de dinero procedente de comisiones ilegales. Concejales, asesores y personal administrativo del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia transfirieron entre marzo y abril del año pasado 1.000 euros por vía bancaria que luego recuperaban en dinero negro. Algún asesor ha reconocido el ardid. La mayoría de los implicados lo ha negado. La imputación de 49 de sus miembros ha implosionado al partido, ahora dirigido por una gestora.
Barberá reconoce que hizo la transferencia pero negó haber recuperado por ninguna otra vía los 1.000 euros. El juez del Supremo, el exfiscal general del estado Cándido Gómez-Pumpido, sin embargo, cree necesaria su imputación, “imprescindible para continuar la investigación” contra ella por supuesto blanqueo de capitales: aportó dinero, era la superior de García Fuster y tenía una “estrecha confianza” con ella.
Además, varias “intervenciones teléfonicas, entradas y registros, testificales y declaraciones de los investigados”, dice el juez en su auto, justifican el interrogatorio, sin que ello prejuzgue que la exalcaldesa -que controlaba con mano de hierro su partido- conociera las supuestas mordidas, el origen ilícito de la financiación del partido o colaborara con el denunciado pitufeo, nombre que recibe el supuesto blanqueo de los mil euros. Este lunes es el turno de Barberá.