El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez ha pedido al juzgado de Instrucción número 9 de Valencia que cite a declarar como testigos a los políticos de PSPV y Compromís que negociaron el acuerdo de izquierdas para la gestión del ente provincial tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015. La intención es que aclaren a los investigadores cuál fue el acuerdo que se tomó para el futuro de la antigua Imelsa, que pasó a llamarse Divalterra y cuya contratación de siete altos cargos acabó conviertiéndose en el caso Alquería.
Rodríguez solicita que se interrogue al que fuera su primer jefe de gabinete, José Manuel Orengo, y a los también socialistas Concha Andrés y Pablo Seguí, así como a cuatro representantes de Compromís, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, Emili Altur, Josep Bort y Xavi Rius. La gestión de Imelsa, que había provocado la apertura del caso Taula, fue una de las partes importantes de la negociación. Hubo quien quiso cerrarla en un primer momento, aunque luego se impuso la tesis de mantenerla en funcionamiento cambiándola de nombre.
En el primer consejo de administración de Divalterra ya se planteó la aprobación de puestos de altos cargos, los que ahora cuestiona la justicia, y fue el propio Orengo el que defendió su existencia, según consta en las actas de dicha reunión. El secretario de la empresa pública se negó tras una pregunta sobre el tema por parte del portavoz del PP Rafael Soler.