El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, defiende a Rita Barberá - todo el mundo es inocente “mientras un juez no diga que es culpable”- y ha negado los delitos que Marcos Benavent, el yonqui del dinero, y la Guardia Civil le imputan en relación con el caso Taula.
Rus ha ironizado sobre las supuestas cajas B del PP -“cinco no, 10 o 15”- y ha respondido con sorna sobre el diferente tratamiento que el PP le ha dado a él y a la exalcaldesa de Valencia. “Ella era la número uno, siempre ha habido clases”.
La senadora ha sido forzada a darse de baja en el partido con el anuncio de investigación del Tribunal Supremo mientras que Rus fue suspendido de militancia antes de cualquier imputación judicial tras la difusión de los audios que luego darían lugar al caso Taula.
Rus también ha negado, en declaraciones a la prensa, que hubiera cobrado mordidas y comisiones ilegales que luego destinaría al club de fútbol que presidía -el Olímpic de Xàtiva- o habría ocultado en paraísos fiscales. Eso es una “barbaridad” que el juez, la fiscalía y la policía “tendrán que demostrar”,
El expresidente del PP de Valencia ha declarado de nuevo ante el juez por el caso Taula un día después del levantamiento del secreto de sumario de la pieza principal del asunto, que apunta a que toda la cúpula del PP estaría implicada en el cobro de mordidas o comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Asegura que no conoce el sumario: “Son 18.000 folios, no me ha dado tiempo a leerlos”
Rus ha entrado y salido de la Ciudad de la Justicia de Valencia entre insultos e improperios: “Lladre, lladre” (ladrón), le cantaban una decena de personas ataviadas con chalecos de iaioflautas. Ha comparecido ante el juez por la concesión de un call center de la Diputación a Servimun, una empresa vinculada al exsuegro de Benavent.
Al respecto, ha asegurado que la concesión bajo sospecha -avalada, no sin tensión, por los funcionarios de la corporación provincial- fue impecable. El expediente“era cosa de los técnicos” y la adjudicación se basó en un “pliego impoluto”.
Una empresa favorecida por “voluntad” de Rus
El juez investiga esa contratación al tener indicios de “que la adjudicación del servicio call center a Servimun, con cargo al presupuesto de Imelsa [una empresa de la Diputación], pudo ser decidido por voluntad de Alfonso Rus con la intención de favorecer los intereses particulares de dicha empresa y de su legal representante, contando para ello Alfonso Rus con la colaboración de Salvador Deusa”, un funcionario.
La afirmación del juez se basa en el testimonio incriminatorio de Benavent, que habría sido confirmado por la UCO, la sección especializada de la Guardia Civil que investiga el caso. Rus y sus principales colaboradores, yonqui del dinero incluido, y Deusa, se habrían conchabado para otorgar el contrato a Servimun.
Rus defiende a un imputado del PSOE
Rus, bajo la teoría de que hay que respetar la presunción de inocencia, también ha defendido a Rafael Rubio, el exdiputado socialista -ahora en el Ayuntamiento de Valencia- imputado por la contratación de trabajadores zombies -sin ocupación conocida- en Imelsa. Rubio “es uno de los políticos más serios que conozco”.