La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que el Ejecutivo “está dispuesto y quiere acordar” un nuevo modelo de financiación autonómica, pero ha advertido de que “la lealtad institucional y la cooperación son fundamentales para que el modelo de Estado funcione”.
Sáenz de Santamaría ha avalado los números que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, utilizó el pasado lunes para criticar la actitud reivindicativa de Ximo Puig y el Gobierno valenciano. “Entre 2012 y 2016, las medidas del Gobierno han producido un ahorro de intereses a la Comunidad Valenciana de 11.400 millones de euros”, ha sentenciado.
“Ese dinero que no se paga es como si se ingresase, porque si no se hubiera condonado habría ido destinado a financiar esa deuda”, ha añadido la vicepresidenta, que ha insistido en que con mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica y el Plan de Pago a Proveedores, “España ha sido capaz de contribuir a mantener empresas. La Comunidad Valenciana es la que más fondos ha recibido por el ahorro de intereses de estos mecanismos”, ha apuntado. “Estos mecanismos son muestras de atención en momentos muy complicados”, ha asegurado.
Pese a esta reflexión, en su intervención hoy en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea, Sáenz de Santamaría ha afirmado que “es el momento para abordar la necesaria reforma de la financiación autonómica y local” y ha señalado que si hay voluntad, y cree que la hay, se puede tener un nuevo modelo.
Ha destacado que se ha estudiado y trabajado para sentar las bases de lo que puede ser el futuro acuerdo porque, según ha dicho, “una norma de tal calado, que requiere tanto el consenso entre comunidades como entre partidos, nos obliga a todos a la responsabilidad de trabajar por un pacto”.
“Es obligado que exista ese pacto y muy necesario porque cuando hablamos de los modelos financiación autonómica hablamos de la financiación del Estado de Bienestar, de los servicios públicos esenciales como la Educación, la sanidad y la dependencia”, ha manifestado. Se trata, a su juicio, “de uno de los asuntos y consensos de Estado más importantes del país”.
La vicepresidenta ha destacado que en 2017 se produjo un incremento de los recursos del sistema de 5.600 millones y este año está previsto que las autonomías reciban 4.000 millones adicionales al año pasado, por lo que “la buena marcha de la economía repercute positivamente en la financiación de las comunidades”.