El pleno de las Corts ha aprobado con 59 votos a favor -PSPV, Compromís, Podemos y C's- y 28 en contra del PP la propuesta de resolución por la que se insta al Consell a pedir al Gobierno central la derogación y la retirada del Real Decreto 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
La iniciativa, a propuesta de Podemos, ha sido defendida por la diputada Sandra Mínguez, que ha comparecido con una camiseta en la que se leía 'Per una educación pública' y ha comenzado su intervención leyendo unas palabras de la comunidad educativa, presente en el hemiciclo, en las que ha criticado los recortes en educación y ha pedido la paralización de la LOMCE, un Pacto por la Educación y la suspensión de las pruebas de reválida.
La iniciativa se debate en les Corts el mismo día en el que la comunidad educativa se ha manifestado de forma multitudinaria por todo el país. En Valencia, miles de estudiantes han llenado las calles y la huelga ha tenido un seguimiento del 80% en la ESO y del 70% en Bachillerato, según los sindicatos.
La diputada de Podemos ha defendido que la reválida es un tipo de examen que se hacía en la época franquista y ha criticado que cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de julio publicó el decreto fue cuando “los padres estaban de vacaciones”. “Quizás se hizo para que así la comunidad educativa no pudiésemos manifestarnos”, ha reprobado para lamentar que con esta prueba los alumnos “solo tienen una oportunidad” y si suspenden se quedan sin título.
Mínguez ha exigido que no haya más recortes. “No podrán seguir tapándose los oídos, mintiendo y no siendo valientes, usando de tapadera a la comunidad educativa y votando en contra de nuestras propuestas. Seguiremos diciendo 'no' a la LOMCE, a las reválidas y seguiremos luchando hasta que se haga una ley de educación justa”, ha defendido.
Desde C's la diputada Mercedes Ventura ha incidido en la necesidad de tener una Educación que no sea “en funciones” y ha criticado que el decreto ha generado “incertidumbre y tiene en vilo al gobierno en funciones ya los presidentes autonómicos que no saben cómo articularlo” y eso crea descontento y desconcierto entre la comunidad educativa.
Ha instado a “no hacer brindis al sol” y apostado por llevar a cabo una reforma educativa “bien consensuada que permita la excelencia educativa” porque “derogar por derogar no es muy constructivo”.
Por ello, ha propuesto una moratoria en la aplicación de la LOMCE y dejar en suspenso las reválidas de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato mientras se llega a un Pacto Nacional por la Educación.
La única carta de futuro
Maríam Campello, de Compromís, ha indicado que estas pruebas “inciden en la desmotivación del alumnado” que “se juega a una única carta su futuro”, después de aprobar más de 400 evaluaciones y superar materias. “Me pregunto si Wert pasaría la reválida de diplomático”, ha ironizado.
Igualmente, Eva Alcón del PSPV ha mostrado su oposición a la LOMCE y a las reválidas porque generan “angustia” entre los estudiantes. “Los gobiernos, tienen la obligación de mejorar la vida de las personas y en materia educativa no estamos acertando y hace falta reconocerlo y buscar soluciones”, ha manifestado la diputada socialista para quien el Decreto del Gobierno ha generado “incerteza y no atiende a las necesidades de las familias”.
Sin embargo, la diputada del PPCV, María José Catalá ha defendido este tipo de pruebas educativas y ha tachado de “incorrecta e incierta” la iniciativa de Podemos porque ha afirmado que en 2017 las reválidas “no van a tener efectos y su superación no será necesaria para obtener el título de graduado en la ESO”.
Además, ha indicado que la evaluación de final de Bachillerato en la convocatoria de 2017 “únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la universidad pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller”. “La cuestión es clara y es que ustedes no quieren evaluaciones”, ha sostenido la 'popular'.
Así, ha defendido que países como Bélgica, Dinamarca, Estonia, Malta o Luxemburgo tienen evaluaciones nacionales, mientras que República Checa o Grecia no. “No sé si nos queremos parecer a los primeros o a los segundos”, se ha cuestionado Catalá para agregar: “Seguramente preferirá a los segundos porque nos gusta mucho lo griego”.