La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana ha entregado en la fiscalía provincial de Alicante el expediente con los informes internos que acreditan que el alcalde de Orihuela, del PP, estuvo cobrando desde 2007 a 2013 como asesor en la dirección territorial de Sanidad en Alicante sin ir a su puesto de trabajo. Fuentes del departamento que dirige Ana Barceló han explicado que, al haber prescrito administrativamente la causa, presentan la documentación ante el Ministerio Público “por si pudiera ser constitutivo de delito”.
La Conselleria de Sanidad abrió un expediente sancionador a Emilio Bascuñana después de que eldiario.es publicara que en la conselleria no había datos sobre el paso de Bascuñana por la dirección territorial, ni trabajos ni documentos ni tampoco ningún funcionario lo vio por allí en los casi seis años que estuvo adscrito funcionalmente dejando su puesto de médico de cabecera. Desde Sanidad explican que al no poder actuar administrativamente para sancionar al actual alcalde del PP al estar los hechos prescritos, remiten su investigación interna a la fiscalía para delimitar posibles responsabilidades penales.
Entre los delitos que se baraja que podría haber cometido se encuentra la malversación de caudales públicos, ya que Bascuñana estuvo percibiendo un sueldo público de más de 55.000 euros sin acudir al puesto de trabajo al que estaba adscrito. En un primer momento, Bascuñana dijo que había hecho una asesoría de “baja intensidad”, motivo por el cual no aparecerían informes sobre su trabajo en la dirección territorial. Pero con el tiempo, el político se ha atrincherado defendiendo que sí que trabajó y que además pasó consulta en algunos centros médicos a partir de 2013. Estos últimos datos sí que constan en su expediente disciplinario.
La Conselleria de Sanidad ha estado más de un año recopilando información sobre la vida laboral de Bascuñana, preguntado a funcionarios e interrogado al propio Bascuñana. Al final, hasta tres informes concluyen que no acudió nunca a su puesto de trabajo, ni se cogió vacaciones ni tampoco días libres. Ni rastro de su empleo como asesor. Ahora tendrá que ser la Fiscalía provincial la que estudie el expediente disciplinario y evalúe si no ir a trabajar cobrando supone cometer un delito. La sombra de la prescripción también planea por este caso al haber pasado seis años desde que los hechos sucedieron.