Luchar por los derechos de los más invisibles. Esta ha sido la tarea de Sara Verdú (Valencia, 1971). Abogada y formada en cuestiones relativas a los derechos humanos, es el ejemplo paradigmático de aquellos que dedican su vida a defender a los más indefensos, a los más vulnerables. Una cuestión que la llevó a ser coordinadora en el País Valenciano de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado entre 2004 y 2010.
Gracias a su carácter afable, pero de convicciones firmes, ha estado involucrada en la mayoría de las plataformas en defensa de los derechos de los inmigrantes. Tanto, que fue impulsora de la plataforma CIES No a nivel valenciano –de la que es su rostro más visible- e incluso de su hermana mayor a nivel estatal. Plataforma que camina hacía su cuarto aniversario de creación con la intención de acabar con esas auténticas cárceles para inocentes.
Nos recibe en la ONG en la que trabaja: Valencia Acoge. La sede, situada en el barrio de Orriols, es un hervidero de gente, de personas que buscan un lugar donde poder interactuar y formarse. Después de los minutos de rigor de espera, baja de su despacho. La entrevista se realiza en un bar cercano, aunque también transcurre en el camino de vuelta a Valencia Acoge. Los saludos a gente migrante y a otros activistas son constantes: tanto en el trayecto como en la entrevista. Su activismo, no se esconde.
-Durante su trayectoria como activista ha participado en muchas plataformas y organizaciones por los derechos de los inmigrantes. ¿Cómo empieza esta inquietud?
Mi inquietud por los derechos de los inmigrantes se remonta a cuando estuve trabajando como asesora en el Instituto de la Mujer en Mallorca. Debido a que el centro estaba situado en un barrio con mucha presencia de inmigración africana, empiezo a observar la situación que padecen las mujeres inmigrantes que realizaban trabajos sexuales. A partir de ahí, comienzo a interesarme por la situación de violación de derechos fundamentales que sufren los inmigrantes. Decidí entonces centrar mis esfuerzos y mi vida a luchar por sus derechos.
Este interés le hace especializarse en temas de derechos humanos. Su primera gran experiencia es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en el año 2002.
Sí. Yo llego a CEAR con una doble vertiente: como técnica de la organización que trabajará allí y como activista al mismo tiempo por los derechos humanos. Era una experiencia ideal, ya que me permitía trabajar con personas refugiadas y con población migrada.
Dos años más tarde llegas a ser Coordinadora Territorial en el País Valenciano de la propia CEAR. ¿Cuáles fueron las acciones más importantes que impulsasteis?
Una de las acciones más importantes que asumió y promovió CEAR fue acoger dos foros sociales y mundiales de la inmigración que se celebraron en Rivas-Vacíamadrid. Fue una experiencia muy enriquecedora, porque permitió a la delegación valenciana y a nuestra organización estatal estrechar lazos con otras plataformas y movimientos sociales que defendían los derechos de los inmigrantes. Además, hicimos una crítica a las políticas públicas sobre inmigración llevadas a cabo por los dos grandes partidos.
Ha dicho que hicisteis una crítica a las políticas de inmigración hechas por los grandes partidos. ¿Qué políticas diferentes se tendrían que aplicar en materia de inmigración?
Las políticas públicas en inmigración se deberían hacer desde el punto de vista de los migrantes y los refugiados. Y esto solo se consigue con la ratificación del Convenio Internacional de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. La aplicación de esta norma, que defiende los derechos humanos desde la óptica de las personas migrantes y la población refugiada, hubiera evitado las violaciones de derechos fundamentales que se producen hoy en día sobre los inmigrantes.
Una de las políticas de migración más polémicas es la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). ¿Se violan los derechos humanos en los CIES?
La existencia de estas prisiones llamadas CIES, que privan de libertad a las personas solo por el mero hecho de no tener papeles, constituyen por si mismas una violación de los derechos fundamentales, más allá de lo que ocurra dentro. Además, en su interior, los derechos son vulnerados continuamente. Sus condiciones son muy denigrantes. Que tengan que orinar en botellas de plástico o que habiten las chinches en su comida son una muestra de ello.
¿Hay torturas y violencia sistemática a los internos en estos establecimientos?
Existe violencia, maltratos y torturas por parte de algunos de los agentes de los centros de internamiento. No hay mecanismos de investigación que permitan identificar qué es lo que ha sucedido y depurar las responsabilidades de los agentes policiales. Hay una responsabilidad, al menos por omisión, de atajar estos hechos tan graves por parte de los Ministros de Interior de turno.
¿Qué alternativas existen a estos centros de internamiento?
Cerrarlos, acabar con las redadas policiales y con los vuelos de deportación. Los CIES son la imagen tangible de una violación brutal de los derechos humanos. Es una de las partes más visibles de la represión contra el hecho migratorio y de entender este tema como una cuestión de orden público, cuando no lo es. Cabe recordar que la represión de la migración da mucho dinero a ciertas empresas vinculadas con políticos que han gestionado estas responsabilidades.
En este barrio, Orriols, ha habido situaciones que han desatado las alarmas, como el reparto de comida solo a españoles que hizo un grupo de ultraderecha. ¿Estos hechos añaden tensión al barrio y dificultan la tarea de integración de los inmigrantes?
Estas situaciones, efectivamente, crean tensión y dificultan la integración de los migrantes en el barrio. Son situaciones pensadas y practicadas desde la violencia, ya que esta no es tan solo golpear a alguien. También, lo es propagar el discurso del racismo y la xenofobia por nuestros barrios. La frase de españoles primero es violencia.