Si es verdad que los números no engañan, no cabe duda que la del secretario de la Cámara de Castelló, A. J. R., es una carrera empresarial de éxito. Las cuatro sociedades de las que es administrador solidario junto a su esposa, María Soledad Miravet, acumulan 5.547.302,26 euros de patrimonio neto.
El mascarón de proa del grupo, Adade Castellón SL, cuenta con 35 años de ejercicio en asuntos jurídicos y 15 trabajadores fijos. Además de un volumen de negocio considerable: cerca de 2,3 millones facturados entre 2017 y 2018. Este es precisamente el periodo, junto a 2019, que investiga la brigada provincial de la policía judicial a A. J. R. y sus empresas tras la denuncia de una trabajadora el pasado 27 de septiembre.
Tal y como avanzó ayer Eldiario.es, esta empleada se negó a firmar la adjudicación de 150.000 euros a Adade Castellón ante el temor de contravenir la ley valenciana de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. Una situación que también puso en conocimiento de la Agència Valenciana Antifrau, que el pasado 18 de octubre le otorgó el estatuto de protección al denunciante. Por su parte, el juzgado de instrucción número 5 de Castelló ha abierto diligencias previas, aunque todavía no se ha pronunciado sobre su tramitación o archivo.
A. J. R. llegó a la Cámara de Castelló como asesor externo en junio de 2014. Ese año y los dos siguientes, facturó a través de Adade Castelló 190.000 euros para desarrollar el servicio de asesoramiento jurídico, financiero, contable, fiscal y laboral. Tras el cese de la entonces secretaria, María Jesús Arenós, en junio de 2016, A. J. R. ocupó su cargo de forma interina hasta obtener la plaza definitiva el 23 de noviembre de 2017. Pero antes puso dos condiciones, aceptadas por la conselleria de Economia Sostenible: un permiso de compatibilidad para seguir dedicándose a sus sociedades y una jornada a tiempo parcial, en concreto de tres horas, algo inédito en el resto de cámaras españolas.
Acto seguido negoció su salario con el pleno y el comité ejecutivo de la corporación castellonense: 60.000 euros anuales, proporcionalmente el más alto respecto al resto de secretarios valencianos.
Un negocio doblemente redondo. A. J. R. cobra como secretario y al mismo tiempo se presenta a través de sus empresas a los concursos más cuantiosos de la cámara, que ha ganado sistemáticamente hasta alcanzar 348.500 euros entre 2017 y 2019. Una cantidad que se suma a la buena marcha de sus empresas. Se trata de tres despachos jurídicos: Adade Castellón SL, A. J. R. Abogados SL y Concurso y Viabilidad SLP. La cuarta firma, Antrilen SL, se dedica al alquiler de locales industriales. Las cuatro sociedades facturaron 2.281.023,09 euros en 2017 y 2018 y obtuvieron 239.806,43 euros en beneficios.
De sus 5,5 millones en 2018 de patrimonio neto es Antrilen SL la que más cantidad de bienes reúne, valorados en 5.079.330,14 euros y para el alquiler. En sus documentos fiscales se señalan cinco propiedades adquiridas por esta sociedad en septiembre de 2015 tras la absorción de Estudio Jurídico A. J. R. SL. Se trata de dos bajos comerciales y una nave industrial en Castellón; además de una planta baja residencial en Benicàssim y un chalet en Orpesa. Las cinco alcanzan un valor de 2.948.296,49 euros.
“Según ley”
Por su parte, el presidente del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, aseguró a preguntas de Eldiario.es que las cámaras “son autónomas para tomar este tipo de decisiones”, en referencia al salario de A. J. R. y a la posible incompatibilidad entre su cargo en la corporación y la adjudicación a sus empresas. De hecho, la principal función del secretario es garantizar la legalidad interna y, por ese motivo, preside las mesas de contratación. En el caso de A. J. R., éste se inhibió en otros trabajadores en los cuatro contratos que afectaron a sus firmas a partir de 2017. “No conozco su día a día, pero seguro que lo han hecho bien y según ley”, acotó Morata.
En cuanto a una posible fiscalización desde el Consell de Cambres, apuntó que esa labor corresponde a la entidad tutelante, en este caso Economia Sostenible, ya que su cometido “es que los fondos públicos estén perfectamente coordinados entre las cámaras”. Y sobre lo elevado o no de los sueldos de los secretarios (la de Valencia, Ana Encabo, gana 103.061,7 euros al año, y el de Alicante, Andrés Sevila, 66.391,32, aunque con dedicación exclusiva) manifestó que cobran “lo que ya cobraban, ya que la ley no permite rebajarles unos sueldos que por otro lado no son altos, sino bastante lógicos”.
Finalmente, al cierre de esta edición, ni Dolores Guillamón, presidenta de la Cámara de Castelló, ni los vocales de su comité ejecutivo, habían atendido a las preguntas de este diario. Este jueves se celebrará el último comité ejecutivo y pleno del año. Fuentes de Economia Sostenible aseguran que ni la denuncia a A. J. R. ni la posible incompatibilidad de sus contratos están en el orden del día.