La cala Mosca de Orihuela (Alicante), el último espacio sin urbanizar de la fachada marítima de la localidad, está cada vez más cerca de llenarse de viviendas. La demarcación de Carreteras del Estado de la Comunitat Valenciana, además de la formación Cambiemos Orihuela, recurrieron el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, que aprobó definitivamente, 2 de septiembre del 2021, la modificación parcial del Plan de Mejora del Sector D-1 'Alameda del Mar'. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado ambos recursos.
La entidad estatal emitió un informe desfavorable al proyecto de urbanización alegando deficiencias en el estudio del tráfico, no representar correctamente los planos las zonas de protección o no haber aportado las determinaciones necesarias para conseguir efectividad de las servidumbres acústicas.
La formación Cambiemos Orihuela, que también recurrió el acuerdo municipal, argumentaba que se había infringido el ordenamiento jurídico al carecer del informe favorable de la dirección general de Carreteras.
En paralelo, el Seprona de la Guardia Civil, durante la ejecución de las obras detectó la presencia de una especie vegetal protegida, por lo que el agente urbanizador, la mercantil Playa Salvaje SA, presentó un documento de ajuste de las parcelas (modificándolas por otras de uso dotaciones público compatible con su preservación) que obtuvo un informe favorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
La sociedad promotora sostiene que las actuaciones del Seprona se llevaron a cabo cuando ya estaba iniciadas y ejecutadas en un 70% de superficie las obras de urbanización. Además, también arguye que la modificación “no altera el modelo territorial vigente” y que se mantiene “invariable el diseño del acceso” previsto a la carretera N-332 a través de una rotonda ya ya ejecutado e incluso en funcionamiento, que disminuye el volumen de tráfico.
La Abogacía del Estado, por su parte, pedía la nulidad del acuerdo al considerar “preceptivo y vinculante” el informe de la Administración del Estado. Sin embargo, la sección primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ-CV niega la mayor. Una sentencia, dictada el pasado 14 de noviembre y adelantada por El País, concluye que el instrumento urbanístico “no comporta afección alguna a la carretera”.
Incluso afirma que uno de los informes de la dirección general de Carreteras “falta a la certeza”. El TSJ-CV asegura que el acuerdo no introduce ningún elemento adicional. “Tampoco se ha producido ninguna modificación de los usos, ni del aprovechamiento objetivo del sector, sino redistribución para facilitar la dotación de espacios de protección a la especie vegetal hallada, ni modificación de la red viaria secundaria, que pudiera suponer un incremento de la densidad del tráfico, o incremento de las emisiones sonoras (...)”, afirma el fallo, que no es firme e impone 2.000 euros en costas a la Demarcación de Carreteras y 1.000 euros a Cambiemos Orihuela.
“No cabe pues, so pretexto de la aprobación de un instrumento de modificación puntual, que tiene por objeto la preservación de la especie vegetal protegida, revisar aquellos aspectos que quedaron aprobados y ejecutados bajo los instrumentos anteriores”, concluye la sentencia.
“Va a ser terrible”, según Cambiemos Orihuela
“Es una noticia bastante triste”, afirma Quique Montero, concejal de Cambiemos Orihuela. “Lo que hace”, agrega el edil, “es terminar con una de las últimas vías que teníamos para frenar” el proyecto urbanístico. La formación estudia recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo: “Seguimos pensando que esto es un error”.
Montero alude a las “consecuencias medioambientales”. “Va a ser terrible, es una pérdida irreparable para el municipio de Orihuela que va a perder una de sus playas más emblemáticas”, concluye.