Frente a la dimensión de la 'operación Taula', el juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha ordenado crear una pieza separada sobre el asunto más mediático de todo el caso que golpea al PP valenciano y que estrecha el cerco sobre la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP). Se trata del blanqueo de dinero negro proveniente supuestamente de comisiones ilegales realizado por el PP de Valencia. Y por el que están imputados 49 concejales, asesores y personal administrativo.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez Víctor Gómez ha decidido crear una pieza aparte para esclarecer el supuesto lavado de dinero de la 'caja B' realizado por los ediles y cargos de confianza del PP para financiar las campañas de los populares de la ciudad. Y ha prolongado el secreto de sumario sobre esta causa. Esta parte permanecerá secreta hasta el próximo 14 de marzo.
El juez, además, ha ordenado intervenir inmuebles, vehículos y bloquear los productos bancarios investigados para su comiso en caso de condena. Durante la macrorredada contra “la organización criminal” del PP, la Guardia Civil incautó 150 coches de alta gama e intervino 252 cuentas corrientes.
Este martes han declarado ante el juez por la presunta financiación ilegal del PP de Valencia tres asesores del grupo municipal popular. Uno de ellos, tal y como informa el TSJCV, se ha acogido a su derecho de no declarar. A la salida del interrogatorio, los tres conservan su condición de imputados (ahora investigados tras la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal).