Francisco Camps, expresidente valenciano, sacó pecho tras su última absolución en el 'caso Gürtel' reivindicando su etapa al frente del Ejecutivo autonómico y reclamando su retorno a la primera línea política en el PP. Sin embargo, los gobiernos de Camps, presidente de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2011, quedaron enfangados por distintas causas judiciales y varios de sus consellers fueron condenados a prisión por delitos de corrupción. Serafín Castellano ha sido el último, al aceptar una condena de dos años y siete meses de prisión por los delitos de falsedad en documento público, cohecho, prevaricación, malversación y asociación ilícita en el marco del juicio en la Audiencia Nacional de la causa del 'cartel del fuego'. Castellano, tras haber alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción ha reconocido los hechos por los que estaba acusado y ha asumido una indemnización de 900.000 euros, a abonar a la Generalitat Valenciana conjunta y solidariamente con un empresario. Se trata del cuarto exconseller de Camps condenado por corrupción.
En el primer juicio del 'caso Gürtel', relativo a la causa de los trajes en la que Camps fue absuelto por un jurado popular, fue condenado Víctor Campos, ex vicepresidente valenciano, a una multa de 9.600 euros por un delito de cohecho pasivo impropio. Fue el primer miembro de un Gobierno presidido por Francisco Camps que fue condenado en el marco de una causa por delitos de corrupción.
Además, Milagrosa Martínez, exconsellera de Turismo y expresidenta de las Corts Valencianes, fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia a nueve años de prisión por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y soborno pasivo, en la pieza separada del 'caso Gürtel' sobre la feria Fitur. Al año siguiente, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia. Martínez pasó cuatro años y medio en la prisión de Villena (Alicante). El Parlamento valenciano retiró un cuadro y una placa en honor a Milagrosa Martínez tras su entrada en prisión.
Por otro lado, Rafael Blasco, conseller al frente de tres carteras del Ejecutivo de Camps, fue condenado en varias piezas separadas de la causa relativa al desvío de los fondos públicos de la cooperación valenciana. En 2015, el Tribunal Supremo le impuso una condena de seis años y medio de prisión por un delito de malversación. El 15 de junio de aquel año, Blasco ingresó en la prisión de Picassent (València), de donde salió con el tercer grado casi cuatro años después.
En 2021, Rafael Blasco fue de nuevo condenado por la Audiencia Provincial de València, en otra pieza separada de la causa, a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso medial con fraude a la administración.
Serafín Castellano era el último de los consellers de Camps que quedaba pendiente de juicio. Tras un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, que le pedía inicialmente 21 años de prisión en el juicio del 'cartel del fuego', Castellano ha reconocido los hechos y ha logrado una pena que no implica su entrada en prisión. Se cierra así una larga resaca judicial que, irremediablemente, empaña el legado político de Francisco Camps, convertido en un activo tóxico para el PP valenciano de Carlos Mazón.