La trama 'Gürtel', liderada por Francisco Correa, abrió una delegación en València al calor del contexto de la burbuja inmobiliaria y de los grandes eventos impulsados por Francisco Camps.
Su delegado, Álvaro Pérez 'El Bigotes', desembarcó en València, se encargó de las campañas electorales del PP valenciano e incluso se incrustó en el ámbito familiar más íntimo del entonces presidente del Ejecutivo autonómico.
Una de las conversaciones telefónicas entre Francisco Camps y El Bigotes persigue al expresidente de la Generalitat Valenciana desde que la Policía la intervino en 2009, al inicio de la instrucción del caso:
—Feliz Navidad, amiguito del alma.
—Que te sigo queriendo mucho.
—Y yo también (...). Te quiero un huevo.
—Contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale?
—Perdona, durante muchos años no, hijo de puta, durante toda tu vida.
La cercanía de la trama Gürtel con las instituciones controladas por el PP, en Madrid o en València, propició un largo recorrido judicial y una mancha duradera.
“Éramos como un brazo del PP”, dijo Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, en el último juicio de la marcocausa en la Audiencia Nacional (AN). La última pieza separada de la causa, relativa a los contratos menores con la Generalitat Valenciana, se ha saldado con la absolución de Francisco Camps y de tres de sus exconsellers y la condena a cinco exaltos cargos de su Gobierno.
Algo similar pasó con el 'juicio de los trajes' en 2011, en el que un jurado popular declaró no culpable a Camps y a Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano: Víctor Campos, exvicepresidente autonómico, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, fueron condenados por cohecho pasivo impropio. La dimisión de Camps el 21 de julio de 2011 precedió a la última legislatura del PP al frente del Palau de la Generalitat, agónica por los casos de corrupción.
Tras el primer juicio, Francisco Camps salió indemne de otras causas en las que fue investigado, todas archivadas: el 'caso Valmor', la causa de la visita del Papa a València y la de la construcción de circuito de Fórmula 1. En la causa de la pieza separada de los contratos con la Generalitat Valenciana (por un total de 1,8 millones de euros), Camps fue imputado por la Audiencia Nacional y posteriormente procesado, tras la confesión de su antiguo 'número dos', Ricardo Costa.
Sin embargo, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la AN concluye en su sentencia que no hay pruebas, ni siquiera indicios, de que Francisco Camps ordenara o sugiriera que se adjudicaran contratos a las empresas de la red, más allá de las confesiones de Costa y de los principales jefes de Gürtel, que no han podido ser corroboradas por otros medios.
La financiación irregular del PP nacional durante dos décadas, íntimamente vinculada a la trama Gürtel y con una 'Caja B', fue confirmada por el Tribunal Supremo. Si bien la trama Gürtel nació en Madrid, en los aledaños de la sede del PP en la calle de Génova y al calor del liderazgo de José María Aznar, la red se extendió a València con la llegada de Mariano Rajoy, tal como detallaron en el juicio los máximos responsables de la red corrupta.
Por la capital del Turia apareció en 2004 un simpático personaje al frente de la empresa Orange Market: Álvaro Pérez 'El Bigotes'. Se trata de la empresa de la red corrupta encargada de organizar todos los actos electorales del PP.
La última sentencia de la AN describe la “expansión del negocio” a València, mediante el “acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en el ámbito de aquella Comunidad con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos relativos a eventos que pudieran ser organizados por órganos de la Administración autonómica valenciana y por entidades públicas dependientes de la misma”.
“Éramos la empresa oficial”, dijo Correa en referencia al PP. El Bigotes, con su llamativo mostacho, organizaba todos los actos electorales de los populares valencianos. La relación de Álvaro Pérez con el PP valenciano cuajó hasta tal punto que, en su boda dijo estas palabras sobre Francisco Camps: “Siempre me ha dado cosas buenas, siempre se preocupa de mí, es cojonudo como persona y como amigo, no falla jamás y eso es la hostia”.
En el juicio, Álvaro Pérez aclaró que “hablaba con el corazón”. La investigación del 'caso Gürtel, comandada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, también afloró los regalos recibidos por varias generaciones de la familia de Francisco Camps y la, cuando menos, cercana relación con El Bigotes.
La sentencia, por el contrario, cuestiona que la amistad entre ambos condicionara las decisiones del Gobierno de Camps en materia de contratación. “Lo que para uno [El Bigotes] puede tratarse de una amistad íntima, para el otro [Francisco Camps] puede ser del tipo profesional, o incluso superficial”, afirma el ponente, el magistrado José Antonio Mora Alarcón.
Camps repitió el mismo argumentario usado en el 'juicio de los trajes' para matizar las escuchas telefónicas en las que le decía “te quiero un huevo” a su “amiguito del alma”: su carácter le lleva a expresar sus sentimientos con tal devoción que puede llevar a malentendidos. Además, sin otros indicios o pruebas que corroboraran las confesiones de la cúpula de Gürtel y de Ricardo Costa no hay suficiente sustento probatorio para una condena, según argumenta el fallo.
El exsecretario general del PP valenciano, hermano del exministro popular Juan Costa, se convirtió en el principal arrepentido. Tras su condena por tres delitos electorales y otro continuado de falsedad documental a cuatro años de cárcel y una multa de 75.000 euros por la financiación irregular de las campañas electorales del PP valenciano de 2007 y 2008, Costa se avino a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción.
En el juicio de la Audiencia Nacional, Costa definió a Álvaro Pérez como una “persona de confianza del partido y del presidente”. El testigo declaró que El Bigotes “tenía acceso a muchas personas en la administración, a varios vicepresidentes consecutivos, aparte del propio Camps y de algún otro conseller”.
La causa en la que Ricardo Costa fue condenado, relativa a la financiación del PP valenciano en el marco del 'caso Gürtel', se saldó con las confesiones de relevantes empresarios adjudicatarios del Ejecutivo autonómico de Francisco Camps, incluyendo a los mayores contratistas de aquella etapa en gestión del ciclo integral del agua, depuradoras, limpieza de edificios públicos, recogida de basuras, mantenimiento de carreteras, trabajo con dependientes y obra pública.
En la lista figuran, entre otros, el expresidente de la patronal alicantina Coepa, Rafael Martínez Berna; el empresario Enrique Gimeno, y los constructores Vicente Cotino y Enrique Ortiz.