Salud admite que una empresa ajena tuvo que pagar la nómina de octubre a los trabajadores de ambulancias de Álava

Tres meses después, el Gobierno vasco ha admitido lo que negó en un primer momento: los trabajadores alaveses de la que entonces era la principal adjudicataria de ambulancias, Grup La Pau, cobraron de otra empresa su penúltima nómina antes de la rescisión de los contratos por una cascada de irregularidades. La pagadora, como adelantó este periódico, fue la compañía Ambulancias Gipuzkoa, la misma que pocos días después relevó en Álava a Grup La Pau tanto en lo tocante al servicio urgente (ambulancias amarillas) como al programado (azules y blancas). En Bizkaia, aún con retraso, fue la propia cooperativa Grup La Pau la que se hizo cargo de las nóminas aunque también unos días después dejó paso a una marca llamada Bizknanb capitaneada por Sanir (del grupo Alsa) y ambulancias Baztan-Bidasoa.

En respuesta a una pregunta en el Parlamento Vasco de la portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, el consejero de Salud, Alberto Martínez, presenta aquella operación en la que una empresa sin vinculación alguna con la plantilla de un servicio público externalizado costeara una deuda laboral millonaria de otra como algo natural. “Se trata de un acuerdo entre dos empresas, donde Ambulancias Gipuzkoa S. Coop. presta dinero a La Pau para que esta pueda hacer frente al pago de las nóminas de octubre de las trabajadoras y de los trabajadores que prestan su actividad en el territorio histórico de Araba”, informa Martínez.

Acto seguido, da a entender que la operación tuvo el beneplácito de la Administración, que ya en esas fechas tenía decidido prescindir de Grup La Pau tanto en Álava como también en Bizkaia después de meses de sanciones por decenas de la Inspección de Trabajo y otros incumplimientos contractuales, como el uso de vehículos asignados a Osakidetza para negocios privados. “El Departamento de Salud no ha adquirido ningún compromiso con Ambulancias Gipuzkoa. Una de las facturas emitidas por La Pau por el servicio prestado durante el mes de noviembre se encuentra endosada a favor de Ambulancias Gipuzkoa. Endosar una factura significa que la empresa que emite la factura cede el derecho de cobro de esa factura a un tercero. En este caso La Pau cede el cobro de la factura a favor de Ambulancias Gipuzkoa”, explica el titular de Salud. Ambulancias Gipuzkoa, además, era ya entonces la contratista de las redes urgente y programada de ese territorio.

Osakidetza indica también que La Pau dejó otras deudas al marcharse, particularmente mejoras con carácter retroactivo en el convenio que ellos mismos firmaron ya cuando tenían una situación delicadísima desde el punto de vista económico. De la información facilitada a la Cámara por Martínez se deduce que las nuevas contratistas, Ambulancias Gipuzkoa en Álava -que aquí ha cambiado su nombre a Araba Anbulantziak por motivos comerciales- y Bizkanb, deberían costear esas deudas retroactivas dejadas por su predecesora y, además, encargarse de las nuevas subidas salariales del convenio de cara al futuro.

Lo explica así Martínez: “El Departamento de Salud, como responsable solidario de la ejecución del servicio, ha facilitado a las entidades que han dado continuidad a la prestación del servicio las cantidades económicas necesarias para hacer frente a las responsabilidades que el nuevo convenio colectivo ha impuesto a las entidades empleadoras. La Pau, como entidad empleadora de las trabajadoras y trabajadores responderá de dichas obligaciones salariales mediante las garantías definitivas depositadas en cada contrato. Por lo tanto, el Departamento de Salud, como responsable solidario de la ejecución del servicio, ha puesto los medios para que las entidades entrantes lleven a cabo dicho abono, evitando así a los trabajadoras y trabajadores el tener que acudir a los juzgados de lo social para cobrar lo que les corresponde, pero La Pau responderá de sus obligaciones como empleador de dichas trabajadoras y trabajadores con sus garantías. Es por este motivo que todas las garantías se encuentran retenidas en la tesorería del Gobierno vasco”.

Reaparece en Catalunya

Esas garantías son 12,7 millones de fianzas que la cooperativa catalana fue formalizando con las sucesivas contrataciones que iba recibiendo desde que llegó a Euskadi en 2020 de la mano de un alto cargo, Ibon Etxebarria, que pasó de firmar el primer contrato a gerente de esa compañía tras haber dimitido, en plena pandemia, por saltarse las restricciones en vigor para ir a jugar al golf. Con la rescisión de los contratos, Salud dio la orden de “incautar” todo ese dinero para que puedan cubrirse las deudas. De lo contrario, había riesgo de impagos con una empresa que está al borde del concurso de acreedores aunque, en paralelo, se ha llevado estas semanas un contrato en su Catalunya natal (un lote en UTE con Direxis en el área metropolitana de Barcelona para cinco años y por 384,7 millones). Precisamente 5,5 de los 12,7 millones se corresponden con avales del Institut Catalá de Finances, un organismo público adscrito a la Generalitat.

Fuentes sindicales explican que en Álava la situación se ha tranquilizado con Ambulancias Gipuzkoa, porque “tienen otro talente” y están “al día” con las nóminas. Sin embargo, recalcan que el nuevo servicio capitaneado por Sanir (Alsa) en Bizkaia tiene mucho de “continuidad” con el de Grup La Pau. “Aquello es un descontrol”, indica un delegado sindical. Otro trabajador explica que ya tiene deudas salariales en estos pocos meses. “La gente está muy cabreada y hay cosas que no sabemos a quién reclamar, si a Sanir o a La Pau. Y el servicio sigue con problemas”, agrega esta fuente.