El exconseller del PP Serafín Castellano, otrora todopoderoso dirigente de los populares valencianos, se sienta el banquillo de la Audiencia Nacional, acusado en el denominado 'cartel del fuego'. Castellano fue detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a primera hora de la mañana del 29 de mayo de 2015, pocos días después de que el PP perdiera las elecciones autonómicas tras dos décadas de hegemonía en el Palau de la Generalitat. Serafín Castellano, en aquel momento delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en la Comunitat Valenciana, había pertenecido a todas las grandes corrientes internas de la derecha valenciana: 'zaplanista' de primera hora, brevemente 'olivista' bajo el corto mandato de José Luis Olivas y, posteriormente, 'campista'.
El inicio del fin de la carrera política de Castellano empezó cuando el periodista Francesc Arabí destapó los regalos, en formato de escopetas y cacerías, con los que el empresario Vicente Huerta complacía al dirigente popular. No era un empresario cualquiera: la Generalitat Valenciana le adjudicó un total de 45 millones de euros por la extinción de incendios.
La fotografía que ilustra esta información, en la que el entonces conseller y el empresario posan sonrientes tras una cacería, se convirtió en una suerte de escena típicamente franquista de La escopeta nacional de Luis García Berlanga actualizada en la época de resaca de la burbuja inmobiliaria pilotada por el PP.
Las pesquisas del caso, a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, determinaron que el exdirigente del PP obtuvo regalos de la trama corrupta por un valor total de al menos 163.736 euros, entre escopetas, cacerías y otras dádivas. La instrucción de la causa, dividida en varias piezas separadas, afloró un cártel del fuego de empresas a nivel internacional que se repartía el mercado de adjudicaciones.
El exalcalde del PP de la localidad valenciana de Quartell entre 1987 y 2015 y exdiputado provincial Francisco Huguet figura como procesado en otro procedimiento relativo al presunto blanqueo de las mordidas de cartel del fuego mediante lotería, extracciones en cajeros e inversiones inmobiliarias.
Casi una década después de su detención, Serafín Castellano negocia un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que reconocería los hechos y asumiría penas que no superan, por separado, los dos años de prisión. Castellano evita así una condena de prisión tras el pacto con Anticorrupción, que le pedía inicialmente 21 años de prisión.
La sesión inicial del juicio, prevista para este lunes, se suspendió al alargarse la negociación de los términos del pacto. Este martes se prevé que se reanude la vista para oficializar la rebaja de la condena y las penas asumidas por el exdirigente del PP valenciano y el resto de acusados.
En un escrito remitido al tribunal de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el expolítico del PP expresa su conformidad con el relato de hechos del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción aunque reivindica las circunstancias atenuantes de confesión y de dilaciones indebidas.
El Ministerio Público atribuye a Serafín Castellano los presuntos delitos de falsedad en documento público, cohecho, prevaricación, malversación y asociación ilícita.
La trama, según Anticorrupción, creó una “asociación” de personas y empresas del sector de extinción de incendios que, con previos pactos “clandestinos y ánimo de lucro”, imponía a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia, mediante el reparto fraudulento del mercado o con el uso de mecanismos de expulsión de otros eventuales ofertantes y de ardides o técnicas fraudulentas de elevación de los costes de contratación de los servicios a satisfacer por parte de la administración contratante.
El fiscal destaca que el empresario Vicente Huerta mantenía una “intensa y corrupta” relación con Serafín Castellano. Así, el exconseller del PP obtuvo regalos por un valor de, al menos, 163.736 euros, incluyendo escopetas o cacerías.
El pacto con la acusación pública, de confirmarse, supondría un generoso final judicial para un exconseller del PP que se enfrentaba a una petición inicial de pena de 21 años de prisión. Castellano abandonó tras su detención la actividad política. Actualmente ejerce de letrado y se suele pasear por la Ciudad de la Justicia de València equipado con su antiguo maletín de conseller.