Noqueado, tutelado y ninguneado

La situación política de Mazón

Feijóo trata al presidente valenciano como una marioneta

En el peor estilo de la ultraderecha (que se encuentra en estado de gran excitación al ver cómo el regreso de Trump a la Casa Blanca abre una época oscura e incierta en la política mundial), el PP contrapuso la ayuda del Gobierno a los palestinos de la devastada Gaza con los fondos destinados a la reconstrucción tras la catástrofe de la DANA en Valencia, que ha causado 224 víctimas mortales. “Si pides ayuda en árabe llega antes”, proclamó la cuenta del partido tras un mensaje de sus juventudes, Nuevas Generaciones, al que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se sumó sin dudarlo, adoptando una pose victimista que no se sostiene, dado que el Gobierno español ya ha desembolsado más de 1.400 millones de euros del paquete global de más de 16.600 millones destinado a hacer frente a los daños derivados de la inundación, mientras la ayuda a Gaza aludida por tan demagógica campaña es de apenas 24 millones de euros.

La alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, la mejor sintonizada con la dirección del PP, había empezado a arremeter en esa línea días antes cuando denunció desde Bruselas (con la complicidad tácita de Esteban González Pons) que el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez no había solicitado nada del Fondo de Solidaridad Europeo. Declaración que resultó ser groseramente falsa, no solo porque sí que se había iniciado formalmente el procedimiento sino porque al final se han cifrado los gastos susceptibles de financiación en 4.404 millones de euros, una cantidad con la que el Ministerio de Hacienda desborda ampliamente la que había planteado el Consell que preside Mazón, al sumar solicitudes de los tres niveles de la Administración pública: municipal, autonómico y central.

La respuesta de Mazón consistió en asegurar que el Gobierno no se había coordinado con la Generalitat Valenciana para hacer la propuesta, crítica formulada por la vicepresidenta Susana Camarero que el ministerio que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero rebatió al recordar que el Gobierno tuvo varias reuniones en las que participaron, además de un secretario autonómico y una directora general, responsables de gestión de fondos europeos adscritos a la Presidencia de la Generalitat.

En realidad, todo forma parte de la estrategia adoptada desde la sede central del PP en la madrileña calle de Génova, consistente en colocar sobre el Gobierno el foco de la asistencia tras la catástrofe y la recuperación. Una estrategia que implica también tutelar a Mazón, convertido en una marioneta, un barón autonómico amortizado por su negligencia en la fatídica jornada del 29 de octubre. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho gestos de arropar a su dirigente sin darle, ni de lejos, algún tipo de absolución. Por eso, cuando Carlos Alsina le entrevistó en Onda Cero, aseguró que el presidente valenciano estuvo “noqueado” tras la catástrofe, aunque añadió que ha reconocido que estuvo “equivocado” y que es “el político que más ha asumido sus responsabilidades” (nadie sabe en qué momento ha hecho esa asunción de responsabilidades Mazón, si no es que se trata de una confesión ante su jefe).

A ese discurso benevolente, Feijóo ha añadido en su tutela del descarriado dirigente autonómcio un intervencionismo llamativo, con reiteradas visitas a su territorio. Ni corto ni perezoso, el presidente del Partido Popular viajó a València para presentar, junto a los empresarios y al propio Mazón, un plan de recuperación de 12.000 millones. Que el presidente de la Generalitat Valenciana asuma un rol secundario ante el jefe de su partido para el anuncio de una propuesta de ese calibre es la prueba más escandalosa de la subsidiaria posición en la que ha quedado. Por lo demás, el plan resulta extraño, dado que la cuantía es inferior a los 16.600 millones que el Gobierno central ya ha previsto y está muy lejos de los 31.400 millones que el propio Mazón reclamó a Pedro Sánchez apenas cuatro días después de la riada tras mantener ocho horas supendido el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) mientras permanecía reunido con su núcleo de confianza.

El episodio que faltaba para evidenciar la postración política en la que sobrevive el jefe del Consell se ha producido en el Congreso de los Diputados, cuando el PP, junto a la ultraderecha de Vox y a los independentistas de Junts, tumbó la ley ómnibus que ratificaba las subidas de pensiones y las ayudas al transporte, entre otras medidas decretadas por el Gobierno. En esa norma se incluían ayudas a empresarios y agricultores afectados por la DANA en Valencia y una habilitación de endeudamiento a la Comunitat Valenciana para financiar los gastos extraordinarios derivados de la riada. En la lógica del PP, el acoso al Ejecutivo de izquierdas prima sobre los beneficios sociales y las perentorias necesidades valencianas que atendía la ley. Mazón no pinta nada.

Se esfuma un sistema financiero transitorio

El regreso del Banco Sabadell a Catalunya deshace un espejismo

El Banco Sabadell ha decidido, como un hijo pródigo, volver a Catalunya. En octubre de 2017, en plena ebullición independentista, como otras entidades, decidió trasladar su sede social fuera, concretamente a Alicante, ciudad en la que había absorbido a la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Ahora, inmerso en un pulso frente a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por el BBVA, el banco ha armado una trinchera antiopa al hacerse fuerte en Catalunya y deshace con ello un espejismo que se había apoderado de ciertos ámbitos económicos valencianos.

Aunque la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana (CDCCV) emitió un informe muy crítico con la OPA y la patronal valenciana CEV intentó sin éxito personarse en el procedimiento para oponerse a las pretensiones del BBVA, el Sabadell ha optado por volver a casa bajo el paraguas de una Generalitat como la que preside Salvador Illa, ajena a veleidades secesionistas. Es algo que, tarde o temprano, hará también Caixabank, entidad que trasladó su sede social a Valencia, donde había absorbido, a través de Bankia, a la antigua Bancaja. Aunque deje a algunos sin discurso, el sistema financiero valenciano se perdió, en realidad, durante los años de despilfarro y corrupción del PP, con sus entidades deglutidas por el Sabadell o Caixabank, precisamente.

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