El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Vicent Cucarella, ha advertido del aumento del uso de los expedientes de enriquecimiento injusto por parte de la Generalitat en 2023, cuando se utilizaron en 783 ocasiones por valor de unos 1.700 millones de euros. Ante esta situación, ha reclamado salir de este “círculo vicioso”, para lo que ha planteado la necesidad de impulsar un plan de acción para “romper esta pelota” que, ha lamentado, “pasa de un año a otro”.
De esta manera lo ha expuesto tras entregar este lunes a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2023. Posteriormente, Cucarella se ha trasladado hasta el Palau de la Generalitat para hacerle entrega del mismo al 'president', Carlos Mazón.
Concretamente, el informe recoge que la Administración autonómica ha aprobado un total de 783 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto por un importe conjunto de 1.668,4 millones de euros, de los cuales 1.473,5 millones de euros (el 88,3 por ciento) corresponden a gastos tramitados por la Conselleria de Sanidad y 98,0 millones de euros a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda (5,9%).
La aprobación de estos expedientes, apunta la Sindicatura, absorbe un porcentaje “muy significativo” de los créditos presupuestarios iniciales, lo que provoca el incremento de obligaciones reconocidas devengadas no imputadas al presupuesto, que se registran en la cuenta 413, lo que supone “trasladar la cobertura del déficit existente a los ejercicios siguientes”.
Al respecto, la Sindicatura echa en falta “medidas correctoras” del recurso excepcional a estos expedientes y añade que la Conselleria de Sanidad “continua sin elaborar” el plan de acción que exige la Viceintervención General de la Administración sanitaria.
En cuanto a los acreedores por operaciones devengadas y vencidas (cuenta 413), el informe cifra esta cuantía en 1.767,7 millones de euros, un 16,6% más que en el ejercicio anterior, que corresponde “principalmente” a Sanidad.
Por otro lado, sobre las facturas pagadas en 2023, señala que más del 65% de las mismas supera el plazo legal de pago y concreta: se han pagado 37,4 millones de euros de intereses y otros tres de indemnizaciones por costes de cobro por la demora en el pago, mientras que quedan pendientes de imputación al presupuesto del ejercicio 55,8 millones.
Presupuesto “insuficiente” de gastos
Además, la Sindicatura advierte de que el presupuesto inicial de gastos de la Generalitat resulta “insuficiente” para atender “todos los gastos ineludibles y previsibles”, sobre todo en las compras sanitarias y prestaciones farmacéuticas, así como en las ayudas a la dependencia. Asimismo, insta a la Generalitat a incluir en sus presupuestos de transferencias a recibir del Estado “únicamente las previsiones de ingresos que de forma razonable se espera obtener”.
Por otra parte, el informe observa “incidencias e incumplimientos” en el análisis de una muestra de derechos reconocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2023. Concretamente, ha encontrado una situación en la que pudiera concurrir las características básicas de la responsabilidad contable en un reintegro de 1,8 millones a efectuar por una asociación, dado que el beneficiario “ha incumplido las obligaciones y condiciones que constituyen el fundamento causal de la subvención”.
“Grave desequilibrio” de la situación patrimonial
Al margen de ello, el informe advierte del “grave desequilibrio” de la situación patrimonial de la Generalitat, con una deuda financiera que asciende a 61.150,3 millones de euros en 2023, de los que unos 50 millones corresponden a las operaciones de crédito formalizadas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y con un patrimonio neto negativo por valor de 52.205,2 millones como consecuencia de la “acumulación de resultados negativos” por la “insuficiencia de recursos” que tienen que cubrirse por medio del recurso al endeudamiento.
En cuanto a la evolución del resultado presupuestario, el informe destaca que en 2023 ha disminuido el desequilibrio negativo respecto al año anterior, situándose en 3.020,9 millones, aunque avisa de que todavía es una cifra “muy elevada”. Así, precisa que en 2023 se ha vuelto a la evolución positiva de los ingresos de los capítulos 1 a 8 con un aumento del 16,2% con respecto a 2022, mientras que el aumento del gasto ha alcanzado el 9,6%.
La Sindicatura resalta que, en general, las cuentas de la Generalitat cumplen “los principios contables y la normativa aplicable”, aunque con “algunas excepciones y deficiencias”. Respecto a las auditorías financiera y de cumplimiento de la legalidad, valora que el cambio iniciado en 2022 en el criterio de contabilización ha conllevado el registro en 2023 de una disminución del inmovilizado no financiero por un importe de 2.793,9 millones.
Sin embargo, señala que los principales epígrafes de inmovilizado no financiero todavía no se encuentran recogidos en un inventario completo y actualizado al cierre del ejercicio, además de que existen “numerosos” inmuebles sin valorar y sin registrar por “distintas razones”. Por todo ello, reitera “la imposibilidad de verificar la razonabilidad” del saldo del inmovilizado no financiero y su amortización acumulada a 31 de diciembre de 2023.
Liquidaciones pendientes
En el informe se detalla que, a fecha 31 de diciembre de 2023, existían 38 liquidaciones anuales pendientes de aprobar de las cinco concesiones sanitarias. Al respecto, precisa que, “a diferencia de ejercicios anteriores”, la Conselleria de Sanidad no ha facilitado el informe suscrito con las estimaciones de las liquidaciones y los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto pendientes de aprobar, por lo que reconoce que esta “ausencia de información actualizada” ha supuesto “una limitación al alcance” del trabajo de la Sindicatura.
Concretamente, el informe revela que Sanidad ha pagado facturas del IVO por prestaciones oncológicas realizadas entre 2012 y 2023 a pacientes incluidos en la población protegida de las concesionarias. Unas prestaciones que “no se han incluido habitualmente en las liquidaciones anuales aprobadas de las concesiones”, aunque la Conselleria “ha iniciado un procedimiento independiente de reclamación a cada una de las concesionarias”.
También destaca que las prórrogas tramitadas al Acuerdo de acción concertada sanitaria entre la Conselleria y la Fundación IVO han afectado al objeto contractual y han provocado “interpretaciones controvertidas” en su ejecución, por lo que “deberían haber dado lugar a un nuevo acuerdo que recoja las condiciones necesarias para su adecuada ejecución”. Así, concreta que, de los 82,4 millones de euros de obligaciones reconocidas en 2023, 19,6 se han tramitado a través de expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto.
Respecto al epígrafe de existencias del balance, apunta que registra solo las de ámbito sanitario por 194,8 millones, por lo que la Sindicatura “no dispone de suficiente información”.
Por otro lado, en cuanto a los procedimientos judiciales en curso de los que “podrían derivarse responsabilidades” a cargo de la Generalitat, advierte de que al cierre de 2023 se mantiene la existencia de un “gran número”, aunque “no ha sido posible efectuar” su estimación porque la Abogacía General “no ha remitido información suficiente ni adecuada”.
Financiación
Finalmente, respecto a la financiación autonómica, avisa de que la Comunitat “sigue siendo la perjudicada” y ha insistido en la conveniencia de implantar un mecanismo transitorio “durante el tiempo que transcurra hasta que se apruebe un nuevo modelo más justo”.