La Sindicatura de Cuentas emplaza a la Junta Electoral valenciana a sancionar a Vox por retrasos en su contabilidad

La Sindicatura de Cuentas, el órgano valenciano de control externo económico y presupuestario, reprocha a Vox el incumplimiento del plazo legal establecido para presentar la contabilidad electoral y emplaza a la Junta Electoral autonómica a sancionar al partido de Santiago Abascal, según se desprende de su informe de fiscalización de la regularidad de la contabilidad de las elecciones del pasado 28 de mayo. El plazo máximo para presentar la contabilidad detallada y documentada de los ingresos y gastos electorales era el 27 de junio, según la Ley Electoral Valenciana (LEV). Sin embargo, la administradora general de Vox solicitó, dos días después de haber expirado el plazo legal, un aplazamiento para cumplir la obligación.

Así, el partido de extrema derecha presentó finalmente la documentación el pasado 7 de julio. “Al respecto, debemos señalar que el artículo 46.1 de la LEV establece que toda infracción de las normas obligatorias establecidas en dicha ley que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente”, indica el informe de la Sindicatura de Cuentas. La norma impone sanciones de entre 120 y 1.202 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de entre 30 y de 601 euros en el caso de particulares.

El informe recomienda a la formación que adopte las medidas necesarias para presentar a tiempo la contabilidad o, en su caso, que solicite la prórroga dentro del plazo que establece la ley. En las autonómicas valencianas, Vox gastó un total de 235.720 euros. La gran mayoría de los fondos —231.695 euros— provenían de aportaciones del partido, mientras que los restantes 4.025 euros se ingresaron con medio centenar de aportaciones particulares o donativos de personas físicas. Sin embrago, la documentación aportada para acreditar la identificación de las 50 aportaciones particulares o donativos es “insuficiente respecto al domicilio de los aportantes”, incumpliendo así la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), según indica el órgano de control externo.

La Sindicatura de Cuentas también reprocha a Vox que no contabilizara adecuadamente la subvención por el resultado electoral, que debe efectuarse por su importe total cuando los resultados son definitivos “y de forma correlacionada con los gastos electorales que están financiando”. El desahorro neto de la actividad electoral reflejado en la cuenta de resultados del partido ultra, por 131.056 euros, descendería a un ahorro neto de 4.025 euros. El informe recomienda a Vox que mejore el control interno contable para que las subvenciones públicas por resultados electorales “se registren adecuadamente, conforme a la normativa contable de aplicación”. La Sindicatura de Cuentas cifra en 235.988 euros el importe subvencionable para el partido de Abascal en la Comunitat Valenciana.

PP: préstamo y póliza de crédito de 372.000 euros

El PP valenciano, por su parte, declara unos recursos (los fondos líquidos ingresados en la cuenta electoral) de 830.077 euros. De esa cantidad, 271.923 euros provenían de la sede central de la calle Génova de Madrid mientras que 186.153 euros eran un anticipo de la subvención electoral. Además, el partido que lidera Carlos Mazón formalizó ante dos entidades financieras un préstamo de 250.000 euros y una póliza de crédito con una entidad financiera de 122.000 euros.

El importe subvencionable para los populares valencianos asciende a 838.458 euros.

PSPV-PSOE: préstamo de 400.000 euros

El PSPV-PSOE declaró unos recursos electorales de 950.097 euros, de los cuales 247.997 euros corresponden al anticipo de la subvención electoral. El partido que lidera Ximo Puig también formalizó un préstamo con una entidad financiera de 400.000 euros y obtuvo 58 préstamos particulares en forma de microcréditos, por un valor total de 302.100 euros.

“Del análisis efectuado de los gastos electorales presentados, se han detectado gastos por importe de 18.221 euros que no se corresponden con gastos electorales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 130 de la LOREG, y 1.210 euros que no han sido suficientemente justificados por el PSOE”, indica el informe.

El importe subvencionable para los socialistas valencianos asciende a 927.312 euros.

Compromís: le piden mejor control interno

Compromís declaró unos recursos para financiar gastos electorales de 435.046 euros, de los cuales 270.875 euros corresponden a aportaciones de los miembros de la coalición y 164.172 euros a anticipos de la subvención electoral. La Sindicatura de Cuentas ha detectado 10.244 euros que no se corresponden con gastos electorales. Al cierre de la contabilidad electoral quedaban pendientes de pago 192.927 euros a proveedores. Sin embargo, según el informe, hasta el 24 de julio, se habían pagado 106.067 euros, por lo que Compromís aún debía 86.860 euros.

El órgano autonómico de control externo económico y presupuestario detectó que la formación valencianista no contabilizó adecuadamente la subvención por el resultado electoral, que debe efectuarse por su importe total cuando los resultados son definitivos “y de forma correlacionada con los gastos electorales que están financiando”. Al no cumplir con esta norma, la formación registró la subvención por un importe inferior. Así, el desahorro neto de la actividad electoral reflejado en la cuenta de resultados de Compromís, por 462.052 euros, descendería a 166.787 euros. Al igual que a Vox, el informe recomienda a Compromís la mejora del control interno contable para que las subvenciones públicas por resultados electorales “se registren adecuadamente, conforme a la normativa contable de aplicación”.

La Sindicatura de Cuentas cifra en 459.437 euros el importe subvencionable para el partido de Joan Baldoví.

Unides Podem - EUPV: sólo aportaciones de militantes

La coalición formada por Unides Podem y Esquerra Unida del País Valencià, que se quedó fuera del Parlamento autonómico al no superar la barrera electoral, declaró unos recursos para financiar gastos electorales de 284.500 euros, que corresponden en su totalidad a las aportaciones de sus militantes.

Al cierre de la contabilidad electoral, la coalición tenía pendiente el pago de 61.369 euros a proveedores y de 7.089 euros a administraciones públicas. Hasta el pasado 20 de julio, Unides Podem y Esquerra Unida tan sólo habían abonado el pago correspondiente a las administraciones públicas.

El importe subvencionable para la coalición asciende a 61.706 euros.

Ciudadanos se queda sin subvención electoral

Ciudadanos ha sido el partido valenciano peor parado en términos contables. Al no obtener diputados ni alcanzar el 3% de los votos, no tiene derecho al cobro de la subvención electoral. La formación naranja declaró unos recursos para financiar los gastos electorales de 173.000 euros, provenientes en su totalidad de aportaciones del partido.