La decisión de una jueza de Castellón de obligar a un hospital a aplicar un tratamiento no contrastado a un paciente crítico de COVID ha indignado a la comunidad médica. Los colectivos profesionales consideran una injerencia y “una gravísima agresión al Sistema Nacional de Salud” que una magistrada haya dictado como medida cautelarísima la aplicación de este tratamiento, que no ha demostrado su eficacia en pacientes con coronavirus, tras la demanda de la familia del afectado.
La magistrada considera la medida un “tratamiento compasivo” y se basa en la protección de los derechos fundamentales del paciente, que no ha respondido a otros tratamientos y se encuentra ingresado con una neumonía bilateral como consecuencia de la infección. La junta del Hospital de La Plana (Vila-real, Castellón), el Colegio de Médicos y otros colectivos como la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias han suscrito un comunicado en apoyo a los médicos intensivistas que se negaron a aplicar la ozonoterapia y contra la intromisión de personal ajeno a la sanidad pública en el hospital para practicar el tratamiento.
La Conselleria de Sanidad denegó a principios de agosto la aplicación de esta terapia, solicitada por los familiares del paciente, no vacunado, y en cuidados intensivos, porque no forma parte de los tratamientos autorizados por la Agencia Española del Medicamento ni por el Ministerio de Sanidad. Del uso de ozono en pacientes con Covid-19 se realizaron algunos estudios en abril de 2020, pero carecen de efectividad contrastada. La familia del paciente recurrió a los tribunales, que ahora le dan la razón en una resolución contra la que no cabe recurso y que Sanidad ha tenido que aceptar. La aplicación de la ozonoterapia la lleva a cabo personal ajeno al centro, lo que supone para los médicos otra injerencia al sistema de salud público.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha suscrito el comunicado de los profesionales valencianos y considera que la decisión judicial va “en contra de los protocolos científicos”. La organización médica expresa que la “injerencia judicial en decisiones clínicas altera gravemente los procesos de evaluación que desarrollan las sociedades científicas, las guías de práctica clínica y el trabajo de las agencias de evaluación del Sistema Nacional de Salud”.