El trauma colectivo de la pandemia, ilustrado con la imagen del precipicio, ha mostrado al conjunto de la población que la muerte y la enfermedad forman parte de la vida. La preocupación por la salud mental se evidencia en la demanda creciente de los servicios profesionales, en la presencia de psicólogos y psiquiatras en los medios de comunicación y en los estudios estadísticos sobre bienestar emocional. Los observatorios, las encuestas y las consultas apuntan que, de una forma u otra, antes o después, la ciudadanía lo ha pasado mal.
La COVID-19 ha acentuado numerosos malestares y el clima de desconfianza ciudadana, también hacia la institución que gobierna la salud pública. El goteo constante de datos en los canales informativos, los cambios de criterio, las contradicciones, la disparidad en las decisiones de los gobiernos de distinto color político que toman como base lo aparentemente objetivo -la evidencia científica, los informes, los expertos- han alimentado la incertidumbre y el desconcierto. Sumado a un contexto de emergencia constante, a la cronificación de la crisis y a la hiperconectividad, aquellos agentes implicados en la gobernanza se preocupan por el impacto de la perplejidad, el escepticismo y la apatía en los sistemas democráticos.
La pregunta que los expertos se hacen es: ¿se pueden reparar unas fracturas que llevan años abriéndose? La Comunitat Valenciana lo va a intentar. El comisionado de la Presidencia de la Generalitat para el Plan Valenciano de Acción para la Salud Mental, el catedrático de Psiquiatría Rafael Tabarés, organiza una convención ciudadana para implicar a la ciudadanía en la resolución de problemas colectivos como el modelo de salud mental de la Comunitat Valenciana. La convención cívica se celebrará en torno al 10 de octubre, día mundial de la salud mental, como pistoletazo de salida para la redacción del plan de actuación del Ejecutivo autonómico. Aunque ya se han dibujado las líneas inmediatas del plan de choque, que prevé un refuerzo de los recursos de atención urgente antes de que concluya el año, la convención actualizará la estrategia y adaptará las acciones al contexto trastocado por la pandemia
La convención planteará las líneas básicas del plan de salud, pero también una serie de cuestiones de fondo. Entre ellas, qué entendemos por salud mental: si aspiramos a un modelo de aislamiento del enfermo, como producto defectuoso, con taras, e incluso peligroso; uno en el que la terapia farmacológica te mantiene dentro del sistema productivo; o a un concepto de bienestar colectivo, físico y emocional. Rescatando los principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por la que se entiende esta más allá de la ausencia de enfermedad, el mandato debería ser el tercero. Para ello, indica la OMS, “una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo”.
El plan del comisionado es “dar respuesta a qué tipo de salud mental queremos con quienes puedan implicarse” a través de un proceso de innovación en la participación pública. Mediante sorteo cívico se elegirá a una muestra de ciudadanos que respondan a criterios de diversidad demográfica -seleccionados aleatoriamente teniendo en cuenta sexo, edad, nivel socioeconómico, procedencia y distribución territorial- entre mayores de 15 años, que durante varias jornadas reciba información de expertos y pacientes para poder deliberar; una suerte de jurado popular que siente las bases del plan de salud mental para cinco millones de personas.
El procedimiento supera la idea de integración del afectado en la resolución del problema y pasa a comprometer al conjunto de la sociedad: “No es que los enfermos participen, es que se impliquen los ciudadanos. Reparte la responsabilidad”, expresa el catedrático, que apunta que los procesos deliberativos resultan útiles para superar divisiones radicadas en la polarización y son una forma de obtener compromisos ciudadanos en cuestiones trascendentales.
Además, reflexiona, es un ejercicio de reparación respecto a “los parias de la historia”, que tradicionalmente han sido apartados del resto. Se trata de “implicar a cualquier persona en deliberar, buscar soluciones, para conseguir un mayor bienestar físico y emocional”, superando la desconfianza del ciudadano en la gestión de los problemas. En las democracias liberales el ciudadano delega en los representantes y gobernantes, electos de forma directa o indirecta; en procesos deliberativos, es partícipe directo y responsable en la toma de decisiones. No hay una alteridad a quien imputar un resultado.
El trauma colectivo de la pandemia, vivido de forma simultánea por millones de personas, ha servido para ver que todos somos susceptibles de asomar al precipicio, caer y quedar allá abajo. Desde ese borde en el que nos hemos situado, como individuos y como sistema, se trata de ser capaces de empujar al otro lado.