Más de 1.200 mujeres residentes en la ciudad de València tienen una orden de protección activa, un sistema de alerta policial respecto a sus agresores. De ellas, más de la mitad fueron dictadas en 2022, tanto por delitos de violencia de género -realizados por sus parejas o exparejas- como por agresiones y abusos sexuales, que suponen el 10% de las órdenes. En las dos últimas décadas más de 18.000 mujeres han requerido una orden de protección en la ciudad. La cifra, recalcada por el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, resulta “democráticamente intolerable”, teniendo en cuenta que, según las estadísticas, solo se denuncian un tercio de las agresiones.
Los datos de la concejalía analizan la relación entre agresor y víctima, el espacio y el lugar en el que se produce la agresión y si median el alcohol o las drogas en ellas. Las órdenes de protección son gestionadas por la Policía Local de València, a través de la unidad Gama, y por la Policía Nacional en los casos de riesgo extremo, como parte del sistema Viogen. En el 68% de los casos, el agresor y la víctima mantenían una relación en el momento de la denuncia, mientras que en el 32% restante son exparejas o exmaridos.
Según el análisis del grupo policial especializado, el 77% de las agresiones se han producido en espacios privados. El más representativo es el domicilio común, donde se han producido el 41% de las agresiones totales detectadas; el 19% en el de la víctima y el 10% en el domicilio del agresor. Mientras que en los años anteriores las agresiones en la vía pública suponían alrededor del 10%, en el año 2022 este porcentaje se ha duplicado, llegando hasta el 23%. La concejalía atribuye el aumento a la “pérdida de consensos políticos respecto a la violencia de género” y a la creación de la patrulla nocturna, que se dedica en exclusiva a las cuestiones de violencia de género desde septiembre de 2021 y en el último año ha detenido a 112 hombres. Más agresiones pero también más detecciones.
Respecto a la relación entre el alcohol y las drogas en las agresiones sexuales, el estudio del grupo Gama apunta que en el 54% de las agresiones no hubo influencia o presencia de estas sustancias, una cuestión que aleja la percepción de que son las que ejercen de detonante en la violencia. En opinión de Cano, “esto va de poder de un hombre contra una mujer, no es culpa de una enajenación o de problemas mentales, esos son problemas diferentes”.
La dependencia económica y emocional es otra cuestión relevante en las acciones violentas, recalca el informe. El estudio desvela que en general las mujeres tienen una mayor formación que el agresor y más de la mitad trabajan, pero también tienen una mayor dependencia económica. El 59% de las víctimas tienen hijos, lo que, apunta el titular de Protección Ciudadana, “supone una dificultad extra a la hora de interponer una denuncia y hace que a la dependencia económica se sume la dependencia emocional”.