La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha presentado en el Congreso de los Diputados un escrito dirigido al presidente del Gobierno para que se suspenda el desahucio de una familia de Oliva, sobre el que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido la suspensión cautelar.
El desahucio de Alisa y su familia, donde hay tres menores de edad, de un inmueble propiedad de una entidad bancaria que ocupan desde hace un par de años, está previsto para este viernes a las diez de la mañana.
El Comité DESC de la ONU ha pedido medidas para evitar “posibles daños irreparables”, incluida la suspensión del desahucio, mientras estudia este caso, o que se les otorgue una vivienda alternativa “adecuada”, según el escrito dado a conocer por la PAH.
La plataforma ha explicado en un comunicado que ha puesto en conocimiento del juez el comunicado del Comité DESC de la ONU que solicita la suspensión cautelar del desahucio sin alternativa habitacional, sin que por el momento se haya suspendido la orden de desahucio, prevista para mañana.
El escrito presentado por la PAH a Pedro Sánchez solicita que se pronuncie sobre “cuáles son las modificaciones legales necesarias para que cualquier juez venga obligado a respetar las peticiones de medidas cautelares solicitadas por el Comité DESC”, y sobre los cambios legales necesarios para el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
La PAH Safor-Valldigna, en coordinación con todas las PAH de la Comunitat Valenciana, ha convocado para mañana este viernes, 13 de julio, a las 9 de la mañana, “una acción de desobediencia civil pacífica” al desalojo de esta familia que no tiene alternativa habitacional.
No obstante, desde la PAH Safor-Valldigna aseguran que siguen a la espera de que, en cualquier momento, pudiera producirse una decisión de suspensión por parte del juez, atendiendo a las recomendaciones llegadas desde la sede del Comité DESC en Ginebra.
La plataforma señala que debido a la situación de vulnerabilidad de esta familia, acreditada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oliva, se vio abocada a ocupar este inmueble, aunque Alisa comunicó a la entidad bancaria su intención de pagar un alquilar social a cambio de permanecer en su casa mientras no tuviera alternativa habitacional.
La PAH añade que a fecha de hoy la familia no ha obtenido respuesta, ni tampoco a la solicitud de una vivienda de la Generalitat, petición que registró el 18 de octubre de 2017.
Por ello, reclaman a los jueces que apliquen las leyes y pactos Internacionales vigentes, que velan por los más vulnerables, e instan a los representantes políticos a que busquen soluciones a la crisis habitacional, que sigue produciendo en España “más de 170 desahucios cada día”.
Asimismo, reclaman que se levanten ya los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes autonómicas -como la valenciana por la función social de la vivienda- y se comprometan a que la Ley de Vivienda de la PAH “sea una realidad lo antes posible”.