“Solo ponemos la calefacción en nuestra habitación un rato antes de acostarnos y nos duchamos menos días para ahorrar porque dependemos de la familia y de entidades benéficas para poder pagar los recibos de luz, agua y gas”.
Esta es la situación que atraviesan Alicia Guerra y Manuel Gallego, una pareja de 86 años que subsiste con una única pensión de 400 euros mensuales. Afincados en València, desde hace unos meses se han visto obligados a recurrir a Cruz Roja para hacer frente al pago de suministros para evitar cortes en plena ola de frío.
El problema que les ha llevado a esta situación es muy particular. Ambos son españoles, pero emigraron muy jóvenes a Venezuela donde se conocieron y vivieron hasta hace seis años: “la situación allí es muy mala por la pobreza y la dictadura y como una de nuestras hijas vive en València decidimos instalarnos aquí”, explican.
Para ello, vendieron su vivienda venezolana y con ese dinero y sus ahorros se trasladaron a la capital valenciana. Según explican, “vivimos unos meses con nuestra hija, hasta que compramos la casa”. Los problemas empezaron hace tres años, “cuando el Gobierno venezolano dejó de pagarnos la pensión a nosotros y a otros 12.000 españoles que residimos fuera del país”.
Así, fueron tirando de ahorros hasta que ya no dieron para más: “empezamos a tener problemas hasta que unos amigos nos remitieron a Cruz Roja, donde nos ayudaron mucho con los recibos, con alimentos, además de ponernos bombillas de bajo consumo y aislarnos puertas y ventanas para que entre menos frío; también la asociación de vecinos nos está dando mucho apoyo con prductos de primera necesidad”.
Esta ayuda, unido a la concesión de la pensión de 400 euros a Alicia, hace que ambos puedan salir adelante. Además, tienen en tramitación una ayuda de dependencia puesto que Alicia “tiene artrosis por todo el cuerpo y necesita ayuda para ducharse o vestirse”, explica Manuel, quien agradece el apoyo de la Seguridad Social: “nos han atendido siempre muy bien y en materia de medicamentos y atención nunca nos ha faltado de nada”.
Situaciones como la de Manuel y Alicia son más habituales de lo que puede parecer. Solo en la provincia de València, Cruz Roja atendió el año pasado a 643 unidades familiares a las que abonó 1.213 recibos.
Fuentes de la entidad han explicado que la financiación para el programa de Atención a Extrema Vulnerabilidad en 2018 ha salido del IRPF del tramo autonómico y de fondos propios de las asambleas locales.
Las mismas fuentes han explicado que para ser beneficiarios de sus ayudas deben ser remitidos por los servicios sociales públicos y posteriormente, un equipo de valoración de la organización programa un plan integral que va más allá del abono de un recibo, sino que también se les presta ayuda emocional y asesoramiento.
En la ciudad de València, el Ayuntamiento concedió el pasado año 3.431 ayudas para pago de suministros para las que destinó 668.302 euros.
Además, desde los Centros Municipales de Servicios Sociales se da información de la tramitación del bonono social para la luz gracias al que se obtiene una reducción de la cuantía de la factura de entre 25% y el 40% y se orienta en las tramitaciones.
En los supuestos especiales de personas con diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia, terrorismo, dependencia grados 2 y 3 y monoparentales se les emite un certificado para que puedan acogerse al bono social como cliente vulnerable y obtener un 40% de reducción de la tasa.
Pobreza energética en España y en València
Según la concejala se Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, Consol Castillo, la pobreza energética afecta al 23% de los ciudadanos de nuestra ciudad“.
Por ello, “aparte de las ayudas para evitar el corte en los suministros, una de las diversas iniciativas que hemos introducido desde el Gobierno de Joan Ribó en este tema es la Oficina Verde que hemos implantado en los once centros municipales existentes en València, a través de las cuales hacemos recomendaciones personalizadas para el ahorro y la mejora en la contratación de suministros”.
El Consistorio abrirá además esta primavera la primera Oficina de l'Energia que dará información sobre las ilegibles facturas de suministros, ofrecerá fórmulas para reducir el consumo energético y asesorará sobre la obtención de ayudas ante la imposibilidad de pagar los recibos de la luz, el gas o el agua.
Según Cruz Roja, unos 4,5 millones de personas podrían estar en riesgo de pobreza energética en España.
La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 21 grados en invierno y 25 grados en verano, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud).
Cruz Roja alerta de que ese riesgo de pobreza energética es más preocupante en el caso de las familias atendidas por la organización.
Según el Boletín sobre la Vulnerabilidad Social, que analiza la situación de las personas atendidas, el 41,4 % de los hogares no puede mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos.
Del 22 % de las personas asistidas que señalan problemas para sufragar gastos de la vivienda, un 42,2 % dice no poder pagar el alquiler y el 14,8 no poder hacer frente al pago de la hipoteca desde hace algún tiempo.