Lo que fue el embrión de un proyecto inmobiliario de la presunta banda corrupta capitaneada por el exministro del PP Eduardo Zaplana ya no interesa a ningún comprador. La subasta de tres fincas pertenecientes al presunto testaferro de Zaplana en el caso Erial ha quedado completamente desierta, según el certificado de cierre del procedimiento de la subasta en vía de apremio.
Nadie ha pujado por ninguno de los tres lotes que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de La Vila Joiosa (Alicante) ordenó sobre una finca urbana y dos fincas rústicas (una de ellas urbanizable). Los bienes están tasados, según el juzgado, en 1.041.090 euros.
Tras quedarse sin la condición de agente urbanizador en La Vila Joiosa (Alicante), retirada por del ayuntamiento, Joaquín Barceló Pachano, presunto testaferro del exministro del PP Eduardo Zaplana, se enfrenta a un procedimiento de ejecución hipotecaria tras una demanda de Bankia. La entidad bancaria reclama a la empresa G. E. Urbantura SL un importe de 532.694,67 euros, además de 36.050 euros en intereses.
En la constructora, una instrumental sin trabajador alguno, figuran como administradores y apoderados Pachano y el empresario de Benidorm Ángel Salas, también investigado en el caso Erial. Como exadministradora única aparece la empresaria Carmen Berendes Rathje, esposa del ex vicepresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Armando Sala.
La subasta fallida incluía una finca urbanizable de uso industrial de 5.246 metros cuadrados en la partida Barberes con dos almacenes de superficie construida, una finca urbana en la avenida de Finestrat y una finca rústica de 1.937 metros cuadrados de suelo sin urbanizar en el sector El Xarquet. En este último terreno, el presunto testaferro de Zaplana tenía la condición de agente urbanizador hasta que el ayuntamiento socialista de La Vila Joiosa, se la retiró por no construir las viviendas de protección oficial previstas, tal como informó este diario. El consistorio también le requisó medio millón de euros a Pachano.
El programa de actuación integrada del sector El Xarquet fue adjudicado al empresario Joaquín Barceló en 2005 por el entonces alcalde del Partido Popular José Miguel Llorca Senabre. El “incumplimiento culposo de las obligaciones contractuales esenciales consistentes en no haber dado cumplimiento a las exigencias en materia de VPO” le costó al presunto testaferro la condición de agente urbanizador, según una resolución del consistorio.