Sigue la batalla en el primer juicio del 'caso Taula'. El primer testaferro de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', en un tono bronco y por momentos altivo, ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, que juzga la pieza separada J sobre la presunta financiación irregular de tres campañas electorales del PP valenciano. El empresario Jaime José Úbeda Merino, a diferencia del testaferro arrepentido José Estarlich, se ha mantenido en sus trece.
“Para mí hay dos motivos [para ser un testaferro]: o eres un tonto, un bobet [bobo, en valenciano] que firmas lo que te ponga, o te pagan mucha pasta; yo, ninguna de las dos cosas”, ha declarado a preguntas del fiscal anticorrupción, Pablo Ponce. Úbeda ha mantenido un tono brusco, por el que ha acabado pidiendo disculpas ante el tribunal, y ha atacado a la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha acusado de hacer “interpretaciones maliciosas” de las intervenciones telefónicas efectuadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Úbeda y Estarlich participaron en la empresa pantalla de Marcos Benavent que —con fondos presuntamente saqueados de una empresa pública de la Diputación de Valencia, cuyo gerente era el 'yonqui del dinero'— adquirió un apartamento en el complejo residencial Venecia de Xàbia, además de su correspondiente plaza de garaje. El propio Benavent declaró durante la instrucción del 'caso Taula' que compró la vivienda, a un empresario vinculado al grupo mediático Tabarka Media, con fondos de comisiones ilícitas. Sin embargo, Jaime Úbeda ha espetado al fiscal en relación a esta declaración: “Por lo que he visto del juicio, Marcos Benavent dijo que usted se lo dictaba”.
El presunto testaferro ha asegurado que “tenía el 1% simbólico para que [la empresa pantalla Berceo Mantenimiento] no fuera unipersonal”. “No hay más”, ha agregado. El acusado ha declarado, siguiendo el mismo argumentario de Marcos Benavent, que la vivienda se adquirió con fondos legales de una donación del padre del 'yonqui del dinero' y de la venta de varios de sus coches de lujo. “Era dinero privativo suyo”, ha asegurado.
Benavent y Úbeda se conocen desde hace más de dos décadas, al ser ambos oriundos de Benigànim, una localidad de la comarca de la Vall d'Albaida. El presunto testaferro mantiene que entró a la empresa del 'yonqui del dinero' prácticamente para hacerle un favor. “Yo soy autónomo y tenía empresas y Marcos no se pagaba el autónomo; le venía bien, quería tener algo privativo, alguna propiedad algún día y compré el 1% de Berceo [Mantenimiento SL] para que no fuera unipersonal”, ha relatado.
La amistad rota de Benavent y su primer testaferro
El 'yonqui del dinero', para quien Anticorrupción solicita ocho años y tres meses de cárcel, pidió perdón a Úbeda en su declaración. Su presunto testaferro ha contado que era amigo de Benavent. “Antes tenía amistad, hoy no lo sé”, ha dicho Úbeda, quien ha sostenido que Benavent, antes de que estallara el escándalo del 'caso Taula' y de autodenominarse 'yonqui del dinero', “tenía una credibilidad total, era de familia bien de toda la vida”. “Era respetado a todos los niveles y gerente de Imelsa”, ha recodado.
El acusado trabajaba en el sector de los espectáculos (concretamente en materia de sonido e iluminación) y una de sus firmas facturó a Imelsa por un acto en el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (Muvim), a pesar de que parte de los trabajos correspondía a Thematica Events SL, otras empresa pantalla del 'yonqui del dinero'.
El hombre ha asegurado que Berceo Mantenimiento SL, de la que dice desconocer “que haya tenido alguna actividad”, firmó facturas con una rúbrica suya falsificada. Sobre el final de la llamativa relación mercantil con la sociedad de Marcos Benavent, ha declarado que empezó a tener “impagos” y “problemas” en el resto de sus diez empresas (asegura que tenía una treintena de trabajadores en nómina y “más de 400 personas” a su cargo): “Cuando vi la ocasión dije: ¡adiós!”.
El exdirector financiero de Imelsa José Enrique Montblanch ha sido otro de los acusados que ha declarado en la cuarta sesión del juicio del 'caso Taula'. Montblanch ha endosado al “órgano de contratación” la responsabilidad de fiscalizar las facturas que se abonaron por parte de Imelsa. Él se limitaba al “control diario en la empresa” para evitar descubiertos y defiende que su departamento buscaba la “presunción de veracidad de las facturas”. Al departamento jurídico le ha encalomado la responsabilidad de comprobar si había expediente de contratación para las facturas abonadas por el espectáculo en el Muvim.
José Enrique Montblanch ha negado que el entonces interventor de la Diputación de Valencia, Ricardo Camarena Gil, le pidiera realizar una auditoría sobre la empresa pública. El acusado también ha criticado la auditoría externa a Imelsa: “No me parecía normal porque es una función” que “está reservada por ley al interventor”. “¿Cómo voy a hacer algo de otro departamento? ¿Quién soy yo para meterme a emanar normas?”, se ha preguntado.
El acusado ha relatado que en 2013 tomó una baja por depresión tras el fallecimiento de su hija (fue finalmente despedido por bajo rendimiento). Sin embargo, el fiscal ha cuestionado que, precisamente en esa época, disfrutó de un plus por productividad. “Es una decisión de la gerencia, entiendo que por los resultados, desde que entro yo por primera vez Imelsa no tiene deficit”, ha declarado Montblanch.