El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Toni Gaspar, anunciaba esta misma semana la próxima disolución, liquidación y extinción de la empresa Divalterra, heredera de la extinta Imelsa, vinculada a procesos judiciales abiertos por presuntas prácticas corruptas -los casos Taula y Alqueria que acabaron con las detenciones de los expresidentes de la institución Alfonso Rus en enero de 2016 (PP) y Jorge Rodríguez en junio de 2018 (PSPV)-.
¿Le molesta que solo nos acordemos (los medios) de la Diputación de Valencia por este tipo de cosas?
La verdad es que sí, nadie sabe lo que hace la Diputación pero con estas cosas está todo el mundo pendiente, solo se acuerdan de nosotros cuando hay cuestiones negativas. Deberíamos reflexionar todos sobre por qué solo interesan estos temas relacionados con el 'espectáculo', cuando se hacen muchas cosas, como bien saben los alcaldes, que repercuten en el día a día de los ciudadanos. En la pandemia fuimos los primeros en responder, desde la unanimidad, pero eso no fue noticia. Hemos convertido la política en un show, en una serie de Netflix, y yo no soy actor, soy un gestor.
Pero es cierto que Divalterra y su predecesora, Imelsa, son nombres vinculados a prácticas irregulares...
Lamentablemente. Pero se deben circunscribir las supuestas prácticas corruptas, porque el 90% de los 600 trabajadores de Divalterra sale cada mañana al monte a trabajar. Todo está juzgándose y la Justicia dirá lo que tenga que decir, pero yo, como presidente de la Diputación, debo callar. Es una empresa que se creó en los años ochenta para lo que se crearon todas las empresas públicas, para huir del derecho administrativo, de los controles, y hay empresas que lo hicieron bien, pero esta no.
¿Se han utilizado como empresas de colocación?¿Para pagar favores?
Si eso es así, lo dirá la Justicia. Para eso hay un caso Taula y un caso Alqueria.
Hay dos nombres vinculados al PSPV que están inmersos en las causas judiciales relacionadas con la empresa de la Diputación, el expresidente Jorge Rodríguez y el subdelegado del Gobierno Rafael Rubio...
No valoro las cuestiones judiciales. Pero el caso Taula son 8, 9, 10... piezas. Alqueria solo una. Por lo tanto, no tengamos la tentación de ponerlo todo en el mismo saco, que es lo más fácil. El presidente de la Diputación dijo en un caso y en otro que solo hablaría de ello cuando haya una decisión judicial, mientras tanto, todo el mundo es inocente. Presunción de inocencia. El show de juzgar a la gente en platós de televisión es de sociedades bananeras, no de sociedades maduras como se supone que es esta. Yo lo he defendido ahora y cuando estaba en la oposición, nadie es culpable hasta que un juez no diga que es culpable. Los políticos estamos para hacer política.
Desde luego, lo que parece claro es que una empresa como Divalterra, que genera tantas dudas y es tan cuestionada, es algo que no se puede permitir hoy día.
La desaparición de Divalterra comenzó hace muchos años, cuando algunos de la empresa decidieron que eso de estar sujetos al derecho público no iba con ellos. Eso en 2021 es insoportable. Bueno, en 2018 ya lo era... y en 2015. Pero entonces, quienes estaban decidieron, con buena voluntad, tomar otro camino. Yo también estaba en 2015, pero no estaba en ese centro de decisión. Y en 2018, cuando me correspondió a mí, lo primero que hizo la junta general de Divalterra fue pensar en transformarla, porque la mercantil no tenía cabida. El árbol, que estaba torcido, no funcionaba bien y que no solo lo formaban políticos, no se puede enderezar. Por eso me causa sorpresa que ahora algunos se sorprendan de la disolución y digan que no lo habíamos dicho nunca.
Por lo tanto, no es una decisión que se haya tomado ahora.
Una decisión así no se improvisa, sino que es fruto de mucho tiempo de reflexión y de ver cómo hacerlo. Su cierre comenzó en 2018, con cinco convocatorias electorales y una pandemia mundial de por medio. Llevamos dos años y medio trabajando, aunque muy discretamente, como me gusta hacer a mí la política, pero si se estaba en la faena se hubiera visto que esto estaba encarrilándose. Por ejemplo, se creó en su día una comisión para abordar la transformación del sector público. Y la solución final cuenta con unanimidad técnica y el aval de los sindicatos. Quien está al día, sabe que es una buena decisión, y yo estoy contento por la acogida de los trabajadores y de quienes han seguido el tema. Desde luego, si hubiéramos hecho 'minuto y resultado', alguien lo hubiera dinamitado. Es una decisión muy difícil. Divalterra es una, pero hay muchas empresas públicas y nadie se ha atrevido.
¿Han recibido críticas?
Solo ha habido ataques furibundos de PP y Ciudadanos, que tendrán que explicar por qué, cuando los alcaldes y brigadistas vinculados al PP también lo han visto bien. Era la última oportunidad de formar parte de la solución de Divalterra y a algunos les debería haber interesado más que a otros ser parte de esa solución, aunque hay quien piensa que es mejor estar en la bronca y en no aportar, pero ya sabremos por qué ha pasado esto. Desde luego, cuando en unos años tengamos perspectiva, entenderemos muchas cosas, cuando haya tranquilidad para saber lo que ha sucedido en la empresa durante dos décadas.
Usted comentó en su día que se estaban barajando diversas opciones, como la transformación en un organismo autónomo o una empresa pública
Y cualquier alternativa pasaba por su disolución. La decisión pasaba por pasar al ámbito público una sociedad anónima que no factura, y había muchas posibilidades, pero todas acababan en lo mismo.
¿Esta decisión se tenía que haber tomado en 2015?
Tirar para atrás es muy complicado. Solo hay dos días en los que no se puede hacer nada, ayer y mañana. Yo nada más llegué lo tenía claro, se tenía que hacer, pero no podía anunciarlo, porque en este mundo de políticos mediocres y frikis que hacen su política en el Twitter, quienes queremos trabajar de manera sencilla y discreta, después tenemos que aguantar que nos critiquen por no decir nada. Dicho estaba, otra cosa es que no quieran saberlo. Las grandes cosas se hacen así, lo demás es ruido.
¿Y los trabajadores?
Me he reunido con ellos y saben que la decisión está tomada. Todos los trabajadores se van a una entidad de naturaleza pública, como pasa con los brigadistas, que acabarán en el Consorcio Provincial de Bomberos. Como dijo la vicepresidenta Maria Josep Amigó en su día, lo que estamos llevando a cabo es un cierre ordenado.
¿Y a partir de ahora?
Divalterra se ha acabado, procederemos a su disolución, liquidación y extinción y la Diputación asumirá todas las competencias de la empresa. En el momento en el que el pleno de la Diputación diga sí, Divalterra habrá desaparecido, y no metafóricamente.