La recuperación para el sistema sanitario público de los hospitales gestionados por empresas privadas es una de las principales apuestas del Gobierno valenciano que preside Ximo Puig y que quedó plasmada en el Pacte del Botànic.
Para llevarla adelante, el Consell ha adoptado la estrategia de hacerse con los departamentos de salud que en su día privatizó el PP una vez finaliza el plazo de la concesión. Esto implica que un año antes de la caducidad del contrato la administración debe notificar a la empresa concesionaria si, vencido ese último año, recuperará la gestión directa del área sanitaria o si prorrogará la concesión por el plazo que estipule el contrato.
Así lo hizo la Generalitat durante el primer mandato, con el PSPV y Compromís en el ejecutivo (sumando el apoyo de Podem que entonces no entró en el Consell), con la recuperación pública del hospital de Alzira y de todo el departamento sanitario de La Ribera en el año 2018. Era el primer hospital que privatizó el PP en la etapa de Eduardo Zaplana.
Gestionado por la empresa Ribera Salud, se le adjudicó el contrato el 1 de abril de 2003 por un plazo de 15 años, ampliables cinco años más, una prórroga que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública anunció un año antes que no se iba a hacer efectiva.
En este segundo mandato del Botànic, también con Unides Podem integrado en el Gobierno valenciano, son dos los departamentos de salud privatizados que finalizan sus concesiones.
El primero de ellos es el de Torrevieja, también gestionado por Ribera Salud, cuyo director ejecutivo europeo es el valenciano Alberto de Rosa (hermano del senador del PP por València Fernando de Rosa), cuyo proceso de reversión ya está encarrilado tras notificar el pasado mes de octubre a la compañía que no hará efectiva la prórroga del contrato y que, por tanto, a partir del próximo 15 de octubre, cuando finaliza la concesión, todo el departamento sanitario volverá a estar controlado de forma directa por la Conselleria de Sanidad.
Con todo, la compañía ha emprendido una batalla judicial contra la administración para tratar de frenar la reversión, para la que acaba de contratar el despacho de abogados que preside el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera.
El segundo de los departamentos sanitarios privatizados que finaliza su concesión coincidiendo con el final del mandato es el de la Marina Alta en el que se encuadra el hospital de Dénia.
En concreto, es en abril de 2023 cuando acaba el contrato y por tanto el Gobierno valenciano tiene 11 meses por delante para afrontar una nueva reversión que deberá notificar en abril del año que viene.
En este caso, la gestión es de Marina Salud, empresa participada en un 65% por la aseguradora DKA y en un 35% por Ribera Salud. El Gobierno valenciano emprendió una operación hace dos años para tratar de comprar la mayoría accionarial y de esta forma recuperar la tutela del área de salud de Dénia, pero finalmente las negociaciones no fructificaron y se paralizaron en abril de 2019 con la llegada de las elecciones autonómicas.
Fuentes de UGT y de CCOO han comentado a elDiario.es que desde entonces no tienen constancia de que se haya vuelto a abordar el tema y se han manifestado favorables a la recuperación pública del departamento, pero de forma directa y no a través de una empresa pública como se está planteando también en el caso de Torrevieja para dar cobertura a los empleados.
Así pues, para el próximo mandato quedarían privatizados tan solo el hospital de Manises, cuya concesión en manos de la aseguradora Sanitas finaliza en 2024, y el de Elche, gestionado por Ribera Salud, cuyo contrato termina en 2025.