Trabajadoras de la limpieza de institutos de enseñanza secundaria (IES) se han concentrado este jueves ante la sede de la Conselleria de Educación para reclamar que este departamento “tome cartas en el asunto” y “se haga cargo” ante los impagos de la adjudicataria Mesnet, que en el algunos casos se arrastran desde el mes de enero. La situación afecta a unas 300 personas y a más de 60 centros educativos de Alicante y Valencia.
Convocados por CCOO del Hàbitat País Valencià, los participantes han coreado lemas como 'Queremos cobrar', 'Queremos que te hagas cargo, Conselleria, nos sentimos solos' y se han mostrado pancartas con mensajes como 'Si no cobrem, no netegem', 'Agranem els explotadors', 'Conselleria somos rehenes de lo que adjudicas' o 'Queremos cobrar en tiempo y forma'.
El asesor de CCOO del Área Metropolitana de Valencia José Izquierdo ha detallado que el motivo de esta protesta es alertar de que, actualmente la empresa adeuda “el 30 por ciento del total de su finiquito ya que son trabajadoras fijas discontinuas”.
Además, ha calificado como “peligrosa” esta situación porque “detrás de cada nómina” hay “muchas” familias que no tienen los recursos necesarios para hacer frente a los pagos mensuales que les acucian y ha añadido que “se debería tener en cuenta” que es un sector “muy” feminizado en el que hay familias monoparentales. “En este caso el riesgo de la pobreza laboral es extremo”, ha advertido.
Así, ha destacado que “es responsabilidad de la Generalitat tomar una decisión definitiva y dar tranquilidad a las trabajadoras” y ha criticado que desde el 29 de febrero, fecha en que se reunieron por última vez con Conselleria, “no han hecho nada”. A su vez, la administración les ha entregrado un primer escrito “diciendo que está intentando resolverlo y que necesitan tiempo” y ha insistido en que “las trabajadoras en su casa no tienen ese tiempo de espera, les llegan sus pagos, les llegan sus alquileres, sus hipotecas y no pueden hacerle frente”.
La empresa Mesnet ha hecho público un comunicado en el que asegura que “no podrá garantizar los salarios de sus trabajadores de limpieza de cetros docentes públicos a partir de septiembre si la Conselleria no resuelve el problema del contrato de limpieza” y lo atribuye a la “subida de los costes laborales”.
“Excusas”
Al respecto, la presidenta del Comité de Empresa del Lote 7 de Alicante, Nieves López, ha indicado que la cuestión del salario mínimo interprofesional (SMI) “hay que dejarla aparte” y ha considerado que este tema “forma parte de las excusas que tiene la empresa”.
Esta situación se ha prolongado durante todo el curso escolar, “presentando la empresa a dificultades de pago y por ello cobrando atrasado, fuera de los plazos normales y reglamentarios, y cobrando a parcialidades”, ha apuntado. La primera incidencia de cobro que tuvieron fue con la paga de Navidad, que no se cobró el día 15, sino a final del mes de diciembre y “sin comunicarlo con anticipación”. “No nos dan información”, ha denunciado a la empresa.
“Ahora nos pagan el 75%, cuando les viene bien nos pagan el restante, y así funcionamos”, ha explicado, a lo que ha añadido que al estar contratadas la mayoría de las trabajadoras como fijas discontinuas, ahora les deben la liquidación del mes de junio y la de la paga proporcional de marzo.
Por su parte, la presidenta del Comité de Empresa del Lote 6 de València, María Dolores Castillo, ha remarcado que este “impacto” salarial “es un sinvivir”. “Hay muchas familias que son monoparentales y solo dependen de ese salario, y están pasándolo muy mal, porque a nosotros nos llama muchísima gente, llorando, que no tiene para comer ni para llenar las neveras”, ha subrayado.
El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha recibido a una representación de los trabajadores y ha mostrado la disponibilidad para solucionar el problema, aunque desde la Conselleria recalcan que la administración se están efectuando los pagos con normalidad.
La empresa, lo que pide ahora, es la revisión del contrato por incremento del IPC y del SMI, pero en los pliegos no se recogía ninguna revisión de precios. El asunto se ha enviado al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para determinar qué se hace, han explicado a Europa Press fuentes de este departamento.