Trabajadores del hospital de Dénia llevan a presidencia del Consell su rechazo a la reversión mediante una empresa pública
“¡No més promeses, Pacte del Botànic!”. Este ha sido alguno de los cánticos que han entonado representantes de los trabajadores del hospital de Dènia, quienes por primera vez han trasladado este miércoles sus protestas y sus exigencias a la sede de la Conselleria de Sanidad y a presidencia de la Generalitat.
Según ha explicado la presidenta del comité de empresa, Ana Barquín, del sindicato Satse, la propuesta realizada por Sanidad para que una empresa pública asuma la gestión del departamento de Dénia y a sus 1.600 trabajadores no convence a la plantilla.
Así se lo ha hecho saber al subsecretario de Sanidad, Juan Angel Poyatos y a la directora de Alta Inspección, Maria Victoria Garrido, quienes han recibido a los representantes de los empleados.
Según Barquín, el depender de una empresa pública recorta de los derechos de los 500 funcionarios con los que cuenta el hospital y el resto de recursos sanitarios de la Marina Alta puesto que, entre otros aspectos, no podrían pedir un traslado a cualquier otro departamento de la Comunitat Valenciana.
Así, la representante de los trabajadores ha exigido que se siga la misma hoja de ruta que se siguió para el rescate del hospital de Alzira y del resto del departamento de la Ribera, es decir, que sea la Conselleria de Sanidad la que asuma de forma directa tanto el personal como la gestión.
Sin embargo, el subsecretario ha insistido en que la fórmula de la empresa pública garantiza una mayor seguridad jurídica, lo que hace de momento que el acuerdo entre ambas partes sea complicado.
Y es que, un informe de la abogacía de la Generalitat cuestionó la figura del personal laboral a extinguir otorgado al personal no funcionario del hospital de Alzira.
Además, aunque ha reconocido que el personal estatutario no podrá trasladarse de departamentos, sí que habrá más opciones de movilidad y ascensos en el seno del propio departamento.
Poyatos ha mantenido el compromiso de tener un acuerdo cerrado con DKV y con Ribera Salud para la compra de sus acciones antes de que finalice la legislatura.
CCOO pide que no haya distinciones
Por su parte, desde Comisiones Obreras (CCOO) han advertido de que “la creación de una empresa pública no da garantías de continuidad y sería demasiado fácil volver de nuevo a la gestión privada en caso de cambio político”.
El sindicato ha eplicado que “optar por un modelo diferente puede generar controversia entre los trabajadores que perciben un trato diferenciando dependiendo de que proceso de reversión les afecte. La reversión de La Ribera ha creado expectativas tanto entre el personal de Dénia como entre los estatutarios/as, que ven truncadas su posibilidades de recuperar los derechos que les corresponden como empleados públicos, fundamentalmente la movilidad y la promoción interna, entre otros”.
Así han añadido que la fórmula de la empresa pública impedirá “la recuperación de los derechos del personal estatutario que fueron arrebatados con la privatización, una empresa pública no garantiza la creación de puestos estatutarios”.
Además, han considerado que “es contradictorio que por un lado se plantee la integración de los consorcios sanitarios y por otro, se creen empresas públicas que de alguna manera reproducen ese modelo”.
En términos parecidos se ha expresado Intersindical Valenciana, otra de las organizaciones que han participado en la concentración.
