Un presunto miembro de la trama del 'caso Taula' se embolsó el 15% de un contrato público a través de una empresa pantalla en la cual figuraba como administradora una ama de casa que resultó ser su cuñada. Se trata del empresario Mariano López, exsuegro del 'yonqui del dinero' y uno de los principales acusados en el juicio de la pieza separada D del 'caso Taula' que ha arrancado esta semana ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia.
López entregó a la Fiscalía Anticorrupción los audios que su exyerno grabó en secreto y que desencadenaron la investigación de la macrocausa. Lo hizo por venganza tras el traumático divorcio entre Marcos Benavent y su hija, pero el empresario ha acabado en el banquillo de los acusados por el presunto amaño del contrato del 'call center' de la empresa pública de la Diputación de Valenciana de la que el 'yonqui del dinero' era gerente durante el mandato del popular Alfonso Rus al frente de la institución provincial.
La instrucción del caso considera “irrebatible” que una firma pantalla de Mariano López cobró de la firma adjudicataria del contrato el 15% del precio, es decir un monto total de 158.833 euros. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exsuegro de Benavent y para el empresario Fernando Palomares, de la mercantil adjudicataria, una pena de 13 años de prisión.
La administradora de la empresa Técnicas Legales Administrativas SL —la firma usada para cobrar los fondos— era la cuñada de Mariano López, una ama de casa llamada María Concepción Torregrosa, también acusada en la causa. La mujer, según ha declarado este miércoles en la segunda sesión del juicio, simplemente puso su nombre sin participar en la gestión de la firma. “Cuando asumí la administración de la empresa, tenía 63 años y lo hice para cobrar le pensión”, ha declarado.
Así, entre 2013 y 2016 la empresa pantalla ingresó —“con prontitud y puntualidad”, según el instructor de la causa— pagos de la mercantil adjudicataria (Servimun, sin experiencia en la prestación del servicio de atención telefónica) que, a su vez, provenían de la firma pública Imelsa, de la que el 'yonqui del dinero' era gerente.
La instrucción concluyó que Mariano López “muy probablemente” actuó como una suerte de “conseguidor”, pidiendo el favor de la adjudicación a Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, o al funcionario Salvador Deusa, del cual era amigo de la infancia y que se encargó de los pliegos de la adjudicación.
Para embolsarse el 15% del precio del contrato, el exsuegro del 'yonqui del dinero' creó la firma Técnicas Legales Administrativas SL, “sin actividad” y a nombre de su cuñada, con la que abrió varias cuentas bancarias, en las que ingresaba los pagos del empresario Fernando Palomares para “su lucro personal y el de su esposa”, y en menor medida para gratificar a María Concepción Torregrosa.
“No participé en la gestión de la mercantil ni sabía lo que era la sociedad”, ha asegurado la mujer ante el tribunal en una breve declaración en la que se ha limitado a responder las preguntas de su defensa.
“No pensaba que tenía como finalidad algo ilícito”
También ha declarado Vicenta Torregrosa, esposa de Mariano López y ex suegra de Marcos Benavent. La mujer ha defendido a López. “Mi marido ha sido empresario toda su vida, tenía una fábrica y con la crisis tuvo que buscarse la vida, pero siempre legalmente. Nunca en la vida hubiera aceptado algo ilegal y confío plenamente en él”, ha declarado.
Vicenta Torregrosa ha explicado que su hermana figuraba en la empresa pantalla para poder cobrar la jubilación. “Mi hermana tenía 63 años y su marido le había dejado con cuatro hijos adolescentes y le quedaban dos años para jubilarse. Mariano me preguntó si quería ser administradora y le pregunté mejor a mi hermana y dijo que sí porque lo necesitaba para poder optar a la pensión”, ha afirmado.
“No pensaba que el hecho de montar la sociedad tenía como finalidad algo ilícito. Me comentó mi marido lo de administradora y confío plenamente en él. Le pregunté si era legal y me dijo que totalmente”, ha apostillado en referencia al acusado Mariano López.
En el 'call center' también trabajó el hijo de Mariano López , que se encontraba en paro y sin experiencia laboral. Anticorrupción considera que el servicio fue “defectuoso” y “fracasado” desde el inicio. De hecho, dejó casi 100.000 llamadas sin atender. La adjudicación presuntamente amañada tuvo un coste para la empresa pública de 842.975 euros.