C. M. D., un niño de Silla de cinco años con Transtorno del Espectro Autista (TEA), ha tenido que dejar de ir a la escuela a la que hace dos años que asistía, el colegio público Reyes Católicos, al haber sido trasladada su escolarización al centro de educación especial (CEE) Miquel Burguera de Sueca, población situada a 24 km de la localidad de la familia. Así lo ha determinado una resolución de la Conselleria de Educación remitida al centro de Silla el 12 de marzo, que ha indicado a los padres que desde ese momento, superada ya la mitad del curso, tenía que ir ya al centro especializado.
Esa situación ha caído como una losa sobre la familia, tanto por el fondo como por la forma. Los padres no entienden cómo el niño no puede continuar en el centro donde está hace ya dos años, y también rechazan que esta resolución se aplique de forma inmediata, a mitad de curso, sin posibilidad de presentar un contrainforme y sin esperar a que se resuelva la posible presentación de un recurso de alzada para el que tienen un plazo de 30 días de presentación.
La familia del niño no comparte la decisión tomada respecto a su hijo. Entiende que su lugar es la escuela a la que va, con sus compañeros, cercano a su vida diaria, y reclama que la asistencia especializada que recibiría en el CEE debería estar en su propio colegio. Pero esto ya supone una lucha que va más allá de su caso particular, supone reivindicar un cambio en el sistema, una lucha por una educación más inclusiva que supone que sea de más proximidad.
Y esta lucha ya viene de meses atrás. La Conselleria de Educación explica que desde el inicio del curso se propuso a los padres que el niño asistiera a una aula CyL -unidades experimentales de Comunicación y Lenguaje pensadas para alumnos con diagnóstico de Transtorno Generalizado del Desarrollo-, unidad que se compatibiliza con su aula ordinaria y que apuntan que está al lado del centro. La familia se negó porque entiende que esta medida ya es un traslado de colegio, y reclama permanecer en el centro, al que también asiste su hermana mayor, de 7 años.
Con estas circunstancias el centro pidió un informe al Gabinete Psicopedagógico Municipal, que concluyó que el alumno debía ir a un CEE; este informe se acompañó con un segundo informe del Servicio Psicopedagógico Especial que ratificó el informe inicial. La conclusión era que el niño no progresaba. Con estos informes la resolución del director territorial de Educación -firmada este mes de marzo- trasladaba la escolarización del niño al CEE de Sueca.
Pero la familia rechaza estos informes que señala que son “de parte y en contra de la voluntad de los padres”, y esgrime el informe del neuropediatra de seguimiento asignado (del Hospital Doctor Peset de València) que el pasado verano recomendaba que continuara en el centro.
Puerta cerrada
Pero el momento en que se desencadenó la tensión definitiva entre el centro escolar y la familia fue este martes. Previamente, el lunes los padres llevaron al niño a la escuela y a mediodía la dirección del centro les mostró la resolución de la Conselleria, con lo que le dijeron que por la tarde ya no podía llevar a su hijo al colegio. La familia, explica que por aturdimiento, no lo llevó y contactó con su abogada.
Pero el martes, tras la terapia a la que asiste el niño por la mañana, los padres explican que volvieron a llevar al niño al que era su centro, el colegio de Silla: “No queremos que se nos señale de absentismo escolar”. Y sobre las 10,30h de la mañana se plantaron ante la puerta del centro, llamaron al timbre, se acercó la bedel y les informó que no les podía abrir porque su hijo ya no estaba escolarizado allí. La familia se resistió a la medida e insistió en entrar: “mi hijo se agarraba a la verja, no se quería marchar, quería ir dentro con sus compañeros”, explica la madre, Cristina D.
Este conflicto llevó a que la dirección llamara a la Policía Local de Silla que se presentó en el colegio. Tras hablar con la dirección, los agentes les insistieron a los padres en los mismos argumentos, su hijo ya no estaba escolarizado allí y debían llevarlo a Sueca. La familia no lo aceptaba pero se fue a la Guardia Civil, a denunciar el caso. El cuerpo armado afirmó que no tenían competencias. Finalmente se marcharon al Ayuntamiento de Silla para pedir el acta a la Policía de lo sucedido a la puerta del colegio, y los agentes les indicaron que debían hacer la solicitud por registro de entrada y que se la remitirían a su abogada.
El capítulo con presencia policial acabó llegando a conocimiento de la Conselleria de Educación que ha explicado que este miércoles acudieron al centro tanto el inspector del CEE como el de la escuela ordinaria para esclarecer el caso, indicando que se intentaron poner en contacto con la familia pero sin éxito -punto que niega la abogada de la familia-. Conselleria también ha señalado que, de forma paralela, se va a investigar cómo se procedió desde el centro y la llamada a los agentes.
Lucha contra el sistema
La lucha que está manteniendo la familia, como se ha señalado, va más allá del caso concreto de su hijo, y se aferra a intentar mantener a su hijo en su entorno, pese a que el sistema educativo lo deriva a un centro especializado.
Para ello cuenta con la asistencia de una abogada especialista, Sandra Casas, ex secretaria autonómica de Servicios Sociales de este mismo gobierno, dentro del departamento de Mónica Oltra. La abogada explica que el problema fundamental es que “los centros de educación especial deberían desaparecer y hacer escuelas inclusivas”.
Casas afirma que con este procedimiento se va contra lo determinado por Naciones Unidas en 2008 sobre la educación inclusiva, “legislación que España debe cumplir”, advierte. Así, la abogada se apoya en dos sentencias judiciales de características similares. La primera de ellas en la Rioja en la que el TSJ de dicha comunidad sentenció en 2016 que un alumno con diversidad funcional no debía escolarizarse en un CEE sino en el suyo ordinario; y otra más reciente del pasado mes de diciembre de 2017 en la que el Tribunal Supremo también dictó que un niño con transtorno autista debía ser escolarizado en su centro ordinario, promoviéndose la educación inclusiva.
La abogada afirma que la familia está evaluando las acciones que va a seguir. Una de ellas es seguir con el procedimiento administrativo ordinario y presentar el recurso de alzada. Pero no descarta tampoco acudir directamente al TSJCV para presentar un pleito por vulneración de los derechos fundamentales y pedir medidas cautelares que incluyan el mantenimiento de la escolarización del niño en Silla.
Sandra Casas insiste en sus críticas a los CEE y afirma: “Si no queremos colegios de niños negros ni de homosexuales porque con ellos se crean guetos y discriminación, tampoco los deberíamos querer para niños con diversidad funcional”.
La Conselleria de Educación afirma que el departamento que dirige Vicent Marzá está haciendo una apuesta por aumentar la educación inclusiva, pero que en determinados casos se requiere a gente muy especializada para poder atender correctamente a los niños con diversidad funcional. Señala así que se trabaja por la máxima integración, pero que los CEE todavía son necesarios; lo compara con la imposibildad material de tener especialistas en todos los centros de todas las localidades, y que sería como querer tener cirujanos en los centros de salud de atención primaria.