Causa extrañeza y no poca irritación entre amplios sectores sociales las prisas de algunos estados, entre ellos España, para completar el proceso de aprobación por los países de la UE del Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá (CETA).
Ya en febrero de 2015, cuando el Parlamento Europeo aprobó la primera parte del Tratado fueron muchas las organizaciones sociales, sindicatos y expertos que señalaron la ausencia de estudios y análisis solventes acerca de las consecuencias que este Acuerdo podría tener tanto para los productores locales como para los derechos sociales y de los consumidores europeos, españoles y valencianos.
Por ejemplo, de las 145 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas que recibirán protección en Canadá, tan sólo 26 serán españolas (básicamente aceites) y de ellas solo dos valencianas, las registradas como “Turrones de Xixona y Alacant” y “Cítricos valencianos”.
No es una cuestión sin importancia, pensemos que el resto de productos no protegidos, aún con Denominación de Origen reconocida, incluso a nivel europeo, podrán ser copiados por empresas canadienses o que operen a través de Canadá y registrados como marcas de allí. Una desprotección que amenaza la viabilidad de productos de nuestra Comunidad tales como “Carchofa de Benicarló”, “Kaki de la Rivera del Xúquer”, “Arrós de València”, “Nespres de Callosa” o “Xufa de València”, entre otros muchos.
Durante décadas, a través del mecanismo de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, se ha buscado proteger la calidad agroalimentaria y a los consumidores a través de una mejor información sobre los métodos de producción y certificación del origen del producto, favoreciendo también la creación de valor y el desarrollo del medio rural, además de posibilitar a los productores un mejor acceso al mercado y una mayor redistribución del valor añadido en la cadena de producción. Otros efectos positivos adicionales han sido la protección del medio ambiente por la potenciación de métodos de producción más naturales y sostenibles y la fijación de población en un medio rural con graves riesgos de despoblación.
En este despiadado entorno de globalización ultraliberal que Tratados como el CETA vienen a reforzar, nuestros productos tradicionales, fruto de un conocimiento centenario, de una especialización local que responde a una historia, un entorno territorial y humano, quedan reducidos a una simple cuestión de “propiedad intelectual” y de “marca registrada”. Y nuestros productores, en su mayoría explotaciones familiares de pequeño tamaño, no podrán pedir el amparo de los tribunales nacionales sino que para hacer valer sus derechos habrán de someterse al arbitrio de Tribunales Especiales mediante costosos procedimientos en los que es evidente la posición de superioridad de que gozarán las grandes operadoras agroalimentarias transnacionales.
Los ejemplos ya existen, Canadá produce y comercializa actualmente cítricos con la engañosa marca “Valencia Orange”. Una denominación que protegerá el CETA sin atención ninguna al lugar de producción de la fruta.
Pero no es este el único motivo de queja de nuestros productores y actores locales. El Tratado que tan precipitadamente algunos quieren ratificar multiplica por ocho las toneladas de carne de origen bovino que entrarán en Europa procedentes de Canadá, por seis las toneladas de carne de porcino, por tres las toneladas de trigo y por seis las actuales cuotas de importación de maíz, lo que inevitablemente irá en detrimento de la producción autóctona y de los precios de esta. Mientras que no existe garantía alguna de un eventual crecimiento de exportaciones valencianas a Canadá.
Todo ello sin mencionar el posible coladero que puede representar esta vía para productos procedentes de países terceros pero manipulados y comercializados en Canadá. No sólo productos agropecuarios sino otras manufacturas de países terceros, como pudiera ser el caso de China, quien ya es el segundo socio comercial más importante de Canadá y con quien mantiene intensas conversaciones para un tratado bilateral de libre comercio desde hace años. Un eventual acuerdo que podría colocar a la industria y las trabajadoras y trabajadores europeos en una delicadísima situación de vulnerabilidad.
El PSOE votó en el Parlamento Europeo a favor de ratificar el CETA no sólo sin los estudios y análisis previos que un elemental principio de cautela recomendaba sino también sin la previa verificación de sus términos por el Tribunal de Justicia Europeo. Tampoco apoyó en el Congreso de los Diputados la propuesta de su previo examen por el Tribunal Constitucional.
En la Comunidad Valenciana, aún seguimos esperando los informes para evaluar el impacto que el CETA pudiera tener sobre nuestros principales sectores económicos, nuestros servicios públicos y el marco laboral y medioambiental que reclamamos al Consell el mes de mayo del pasado año y cuya petición se reiteró por les Corts el 21 de septiembre de 2016.
Ahora, en la medida en que este Tratado no entrará en vigor plenamente hasta que sea ratificado por los 28 estados de la UE, volvemos a exigir un debate público acerca del previsible impacto del CETA en el futuro económico de nuestros productores y de la ciudadanía europea.
Todo indica que las élites políticas de siempre, las que ordenan votar a sus diputadas y diputados en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales sin esperar a un debate social ordenado en torno a la opinión de expertos independientes, siguen empeñados en colocarse del lado de los intereses de las grandes corporaciones.
Los Tratados de nueva generación como el CETA no son tan sólo acuerdos comerciales, son Tratados que cambian las reglas del juego en las relaciones económicas pero también en el orden interno de los Estados. Inciden en los procesos de formación de las normas en materia ambiental y de salud, en las regulaciones laborales, siempre con vocación de igualar las diversas regulaciones a la baja para favorecer una liberalización con los menores controles posibles. Son Tratados que benefician a los poderosos y maltratan a la mayoría.
Son muchas las voces en toda Europa que cuestionan el contenido del CETA y la forma en la que se está tramitando. Este 3 de junio en Madrid culminará una fase de acciones y movilizaciones exigiendo el derecho de la ciudadanía a tener voz y voto ante decisiones de tan enorme trascendencia que restan poder a los gobiernos para dárselo a los mercados. La movilización social puede detener este proceso acelerado de ratificación y ganar el tiempo necesario para analizar y evaluar antes de decidir acerca de un Tratado que pone en cuestión el ya maltrecho Modelo Social Europeo.
*Antonio Montiel Márquez, diputado y síndic de Podemos-PODEM en les Corts Valencianes