El Tribunal de Cuentas ha citado a Celia Zafra, la directiva de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València investigada por la estafa de cuatro millones de euros, para que comparezca ante la instructora de las diligencias abiertas como consecuencia de las presuntas irregularidades en la “disposición de fondos públicos” de la mercantil pública. Zafra, cuyo despido ha sido declarado nulo por el Juzgado de lo Social número 1 de València, podrá comparecer el próximo 24 de febrero en la sede de la sección de enjuiciamiento del organismo en Madrid por medio de sus representantes debidamente acreditados, “para la debida defensa de sus derechos e intereses”.
El Tribunal de Cuentas también cita al representante legal de la EMT y al Ministerio Fiscal para la práctica de la liquidación provisional. En la liquidación provisional del alcance, según la ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los presuntos responsables, la Fiscalía y la representación legal de la entidad perjudicada tratan “la clase de valores, efectos o caudales públicos que pudieran haber sufrido menoscabo”. La notificación, procedente de la unidad de actuaciones previas a la exigencia jurisdiccional de responsabilidades contables del Tribunal de Cuentas, da de plazo a las partes hasta el 8 de febrero para que puedan aducir alegaciones y aportar documentación.
La investigación se abrió tras las denuncias presentadas por el concejal de Ciudadanos y consejero de la entidad, Narciso Estellés, a la que se sumó otra del presidente de la empresa municipal y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, dando cuenta del robo que sufrió la entidad, tal como aprobó en el consejo de administración de la EMT. Poco después, se registró una nueva denuncia de los ediles del PP y también consejeros, Carlos Mundina y Marta Torrado, por lo que todos los escritos se aglutinan en una misma causa.
La representación legal de la EMT solicitó el 4 de febrero de 2020 el archivo de las actuaciones al no considerar los hechos constitutivos de de responsabilidad contable de alcance. Sin embargo, el Ministerio Fiscal descartó esta opción y solicitó el nombramiento del instructor al considerar subsistentes “las circunstancias determinadas de la posible responsabilidad contable por alcance” al entender que la salida de los cuatro millones de euros de los fondos de la EMT “deben ser investigados”, como así resolvió finalmente el Tribunal de Cuentas.