La Audiencia de Baleares ha absuelto al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y a los otro cuatro exaltos cargos del PP valenciano -Luis Lobón; José Manuel Aguilar; Jorge Vela; y Elisa Maldonado- juzgados por favorecer con 3.5 millones de euros de la Generalitat a la entidad dirigida por Iñaki Urdangarín, el Instituto Nóos.
Para Lobón; exsecretario de Turismo de la Generalitat, Vela, exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas; y la que fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Maldonado, el fiscal pedía ocho años de prisión. Les acusaba de delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con los delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento público y de fraude a la administración.
Para Aguilar, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de 6 años (4 años por malversación en concurso con prevaricación y 2 por fraude), 15 años de inhabilitación absoluta y 8 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La Fiscalía no acusaba a Grau, sentado en el banquillo por el PSOE que, como acusación popular, solicitó 11 años de prisión para el que fuera mano derecha de Rita Barberá.
El tribunal, que ha condenado a seis años de prisión a Iñaki Urdangarín, ha absuelto a los cinco. Las magistradas han rechazado la pretensión de Grau de condenar en costas al PSPV-PSOE. Éste, en declaraciones a Cope, se ha congratulado del fallo, y ha dicho que la “situación de alarma social” creada injustificadamente “es responsabilidad mediática de muchos medios de comunicación”. “Han sido años muy duros”, ha dicho el exvicealcalde. El PSOE ha apuntado que lo más probable es que no recurra la sentencia.
Este es el fallo:
El fallo exonera de toda responsabilidad al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pese a los indicios de su participación en las concesiones a Nóos.“No ha quedado acreditado que Urdangarin se reuniera conjuntamente con Francisco Camps, en aquel momento presidente de la Generalitat Valenciana”. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó la imputación de Camps y Barberá en su día.
La sala niega “que se produjera un encuentro entre todos ellos [Urdangarín, Camps y Barberá] en el palacio de la Zarzuela el día 29 de enero de 2004”. A pesar de ello, las magistradas aceptan “la idea de realizar el foro de ciudad y deporte se trasladó de algún modo a la Generalitat”, pues reconoce que Diego Torres y Urdangarin “lograron reunirse con distintas autoridades e instituciones, al objeto de exponer su proyecto” hasta que finalmente contactan con las autoridades valencianas finalmente exculpadas.
En resumen, la audiencia admite que Urdangarín contactó con la cúpula de la Generalitat para vender su producto, pero no ha “resultado acreditado que la recibiera personalmente Francisco Camps”.
Y exculpa al resto de acusados. Turismo Valencia, la empresa presidida por Grau, y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el organismo público al que estaban vinculados los otros cuatro acusados, finalmente absueltos, perseguían la “promoción de Valencia”. El tribunal cree que las subvenciones no son punibles. No se ha podido probar que “la fórmula del convenio de colaboración” entre Nóos y entidades públicas “fuera elegida para orillar deliberadamente la ley de contratos de la Administración pública, al objeto de obviar la realización de un concurso público y poder beneficiar directamente al Instituto Nóos”.
Eso sí, la sala puntualiza. “Las normas administrativas deben ser interpretadas conforme a la realidad social concurrente en el momento de su aplicación, y no doce años después”. Tal vez hoy, los hechos juzgados hubieran tenido un fallo diferente.
La acusación de la Fiscalía
Según el fiscal, cuyas tesis no han sido aceptadas por los jueces por lo que respecta a los acusados valencianos, Urdangarin coincidió en un acto público con la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y le comentó los proyectos del Instituto Nóos. Posteriormente concertó citas con la alcaldesa y con el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Uno de ellos tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela el 29 de enero de 2004.
Semanas después, informa Efe, ambos representantes políticos aceptaron la propuesta de celebrar foros de turismo y deporte, los Valencia Summit, “en atención básicamente a que Iñaki Urdangarin era yerno del Rey” y ordenaron a sus respectivos subordinados que la recibieran y analizaran para determinar si era factible legalmente.
Los distintos responsables valencianos optaron por la fórmula del convenio de colaboración “elegida para orillar deliberadamente la Ley de Contratos de la Administración Pública” (LCAP) para obviar la realización de un concurso público y el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, y poder beneficiar directamente al Instituto Nóos, indica el fiscal.
Según ha revelado la instrucción, no se abrió procedimiento de contratación, ni se investigó la solvencia del Instituto Nóos, no se encargó informe jurídico sobre la legalidad del procedimiento de contratación elegido ni se cotejaron precios.
Eligieron la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (Cacsa) para firmar los convenios para evitar controles previos de fiscalización y limitaciones presupuestarias, asegura Horrach.
El convenio en la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (Ftvcb), Cacsa y el Instituto Nóos, de septiembre de 2004, daba cobertura administrativa formal al acuerdo verbal y los representantes políticos “se concertaron para eludir dolosamente la aplicación de la LCAP y beneficiar de forma fraudulenta al Instituto Nóos”, indica.
Valencia Summit
El primer Valencia Summit fue en octubre de 2004 y costó 1.044.000 euros. El fiscal ha calculado los gastos imputables al foro por parte del Instituto Nóos, en 194.436 euros, por lo que la cantidad de la que presuntamente se apropiaron los responsables de la entidad asciende a 849.563,19 euros.
En octubre de 2005 se firma un segundo convenio de colaboración para otro Valencia Summit, con las mismas irregularidades, por otros 1.044.000 euros y además obtuvieron patrocinios privados. El fiscal estima que los gastos imputables a Nóos son de 375.672,71 euros. Calcula que se apropiaron de 1.158.512 euros.
Para la tercera edición del Valencia Summit, el convenio es de mayo de 2006, por otros 1.044.000 euros. Restados los gastos, el fiscal considera que los responsables de Nóos se apropiaron de 868.365,09 euros.
El fiscal detalla que en abril de 2007, dado que la Sindicatura de Cuentas de Valencia había puesto de manifiesto la falta de justificación de la contratación de 2004, Vela ordenó a Maldonado que elaborase un informe técnico de justificación para incorporarlo al evento de 2006. Fue redactado en abril de 2007, pero con fecha de un año antes.
Además, en 2005 el entonces presidente Camps aprobó que se realizara la candidatura valenciana a los Juegos Europeos según se la propusieron Urdangarin, Torres y un empresario, sostiene Horrach. Tras el acuerdo verbal, se firmó el convenio. El Instituto Nóos ingresó 382.203,7 euros de la Generalitat Valenciana en 2006, por el proyecto de candidatura a celebrar los Juegos Europeos.
La Generalitat rechazó facturas por 1.983.479,27 euros presentadas por el Instituto Nóos por no estar justificada la realización del servicio objeto de las mismas y por simulación de servicios mediante facturas falsas, indica el ministerio público.