La tensión se dispara en el Parlamento valenciano. Un diputado de EU, Ignacio Blanco, ha mantenido un duro cruce de acusaciones con varios representantes del PP tras sus aceradas críticas contra el cierre de la televisión pública valenciana en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes.
Blanco ha pedido allí la dimisión de Serafín Castellano, consejero de gobernación, por ser “el secretario general de un partido podrido de corrupción, responsable del saqueo y de la ruina de RTVV, de la manipulación y de la censura”. Sus afirmaciones le valieron la airada respuesta de varios diputados populares como, por ejemplo, Ricardo Costa, imputado por su supuesta implicación en el caso Gürtel.
“A mí, los imputados, la gentuza y la peste del País Valenciano no me van a decir que me calle”, ha espetado Blanco a Ricardo Costa en un ambiente presidido por la tensión. Blanco, junto con su partido y el resto de la oposición, ha anunciado una batalla sin cuartel por la continuidad de RTVV. El diputado ha asegurado que su grupo va a estudiar todas las medidas, legales, políticas y sociales. “Nos vamos a movilizar contra un ataque a nuestras señas de identidad. Vamos a presionar todo lo posible para que no se apruebe en las Cortes esta cacicada, al tiempo que también se estudian las vías de recurso jurídico”, ha apuntado.
Vergüenza
Antes, el portavoz del grupo parlamentario de Compromís en las Cortes, Enric Morera ha abandonado la Comisión junto con sus compañeros de partido al grito de “vergüenza” y “dimisión”. Según Morera, RTVV “debe ser un servicio público y no partidista y que sea un motor de la industria audiovisual”. Y esto es “viable” con la actual estructura de la cadena si, por ejemplo, no se acometen externalizaciones. El cierre de RTVV es una “hecatombe muy grande”, añadió.
El portavoz del PSPV, Antonio Torres, ha pedido al gobierno valenciano que “se siente a negociar” con los sindicatos y los trabajadores “para elaborar un nuevo ERE” que garantice la viabilidad de Canal 9, una petición también hecha por el comité de empresa y que, de momento, parece descartada por el gobierno de Alberto Fabra.