La apertura del sumario del caso Erial está salpicando a los principales líderes del PP valenciano durante los años de mayorías absolutas. Los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y el exvicepresidente Juan Cotino y todos con un mismo denominador, pagos de presuntas mordidas por parte del Grupo Sedesa del clan Cotino.
Uno de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también concluye que Olivas, quien fue también presidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia, habría cobrado 580.000 euros del presidente de Sedesa Vicente Cotino por un presunto “soborno con ocasión del presunto trato de favor recibido por Sedesa en la adjudicación de tres zonas relacionadas con el Plan Eólico”. Esta adjudicación y la de las ITV son las que centran todo el huracán de pago de dinero ilícito que se investiga en la Operación Erial.
El Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia ya condenó a Olivas y Vicente Cotino a un año y medio de cárcel respectivamente por falsedad y delito contra la Hacienda Pública por este pago de 580.000 euros aunque no se pudo determinar el objeto del pago, que ahora la Guardia Civil apunta a que sería por sobornos de una adjudicación pública a Sedesa en la que habría mediado el expresidente de la Generalitat entre 2002 y 2003.
Para realizar los pagos a la consultora de Olivas llamada Imarol, “Sedesa utiliza fondos que precisamente proceden de los ingresos que obtienen por la venta de los activos que titulan en la sociedad adjudicataria del Plan Eólico -Proyectos Eólicos Valencianos-”. Esto, apuntan los investigadores, “supone una similitud con respecto a lo acaecido en el caso de las sociedades luxemburguesas y la venta de la concesionaria del servicio de las ITV”.
En total, los Cotino ingresaron 86 millones de euros de la venta de las concesionarias de las ITV y el Plan Eólico y pagaron 10,5 millones a la red de Zaplana, otros 11 millones a Juan Cotino y otros 580.000 euros a José Luis Olivas.