La Generalitat Valenciana manipuló las cifras de déficit de los años 2008 a 2011 al esconder una desviación de 1.891 millones de euros en gasto sanitario, que afloró en junio de 2012 para poder abonar esas facturas en el cajón mediante el Plan de Pago a Proveedores que articuló el Gobierno. Aquella “tergiversación”, como la califica la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dio pie a la apertura de una investigación por parte de la Unión Europea que desembocó en la imposición de una multa a España de 19,93 millones de euros que el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro ha pagado con fecha del pasado 28 de enero.
La Conselleria de Hacienda que dirige el socialista Vicent Soler ha recibido la comunicación del ministerio de que repercutirá los cerca de 19 millones de multa por aquel fraude de la época en que gobernaba el PP sobre las cuentas de la Generalitat, ahora gobernada por el PSPV-PSOE y Compromís. En su escrito, el ministerio establece “un plazo de diez días para la formulación de alegaciones o justificaciones que los intereseados estimen pertinentes”, antes de la decisión de cobrar esos 19 millones a las finanzas autonómicas.
En el informe de la IGAE que justifica la decisión se apunta a que la comisión de la UE que investigó la manipulación “concluyó la responsabilidad del órgano de transmisión de datos de la Comunidad Valenciana (Intervención), encargado a su vez de la elaboración de la cuenta general de dicha Comunidad Autónoma”.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, sin embargo, asegura que el Gobierno central “hizo dejación de sus competencias en la supervisión de datos de déficit y se tiene que hacer cargo de la sanción de la UE”. Soler, cuyo departamento presentará alegaciones, añade que el ministerio elude su responsabilidad al argumentar que la IGAE no tenía poderes suficientes de supervisión sobre las comunidades autónomas cuando la Sindicatura de Comptes inforrmaba cada año del gasto no sanitario no contabilizado.
“Lo que pretende el ministerio es inadmisible y no lo vamos a permitir; intentar que el actual Consell pague los platos rotos de la catastrófica gestión llevada a cabo por los Ejeuctivos del PP, que convirtieron la ocultación de facturas y datos en una práctica habitual”, lamenta Soler.