La convocatoria ultra en apoyo del mantenimiento de la cruz franquista del parque Ribalta de Castelló apenas concentró este miércoles a una decena de manifestantes, entre ellos representantes del PP y de Vox. A poca distancia, un centenar de manifestantes mostraba su apoyo a la entrega al obispado de Segorbe-Castelló del vestigio de la dictadura, erigido en plena posguerra. “Este día es importante porque hace 79 se erigió este monumento para confrontar a la sociedad y hoy se ha visto perfectísimamente cómo sigue siendo un monumento que crea confrontación social”, ha declarado la concejal Verònica Ruiz, quien ha celebrado la desaparición de “un vestigio franquista de la vía publica”. Mientras tanto, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha optado por una drástica jugada en el ámbito judicial y ha pedido recusar al juez que desestima sus recursos y que, en ocasiones anteriores, les ha impuesto el pago de las costas procesales.
El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castelló ha tumbado sistemáticamente los recursos de la entidad ultra 'Abogados Cristianos' contra la retirada de la cruz franquista del parque Ribalta o contra la campaña municipal de entrega de libros de temática LGTBI para los centros docentes. Así, la entidad presidida por la letrada Polonia Castellanos ha presentado un incidente de recusación contra el juez encargado de los numerosos procedimientos que mantiene con el Ayuntamiento de Castelló, gobernado por la socialista Amparo Marco con el apoyo de Compromís. El escrito considera que “existe un prejuzgamiento” por parte del titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castelló y alude a “indicios más que razonables de una imparcialidad judicial comprometida”.
La abogada Polonia Castellanos asegura que es “evidente” la supuesta “animadversión” del magistrado hacia la entidad ultraconservadora e incluso desliza que “solicita todos los casos interpuestos por Abogados Cristianos (...) para poder desestimar todos y cada uno de ellos”. Además, también agrega que la asociación “ha tenido conocimiento” de que el juez “tiene familiares de primer y segundo grado que han ostentado un cargo político designado por el PSOE o que han sido nombrados para un puesto político de la administración también a propuesta del PSOE y Compromís”.
Sin embargo, el escrito de recusación no detalla ni de qué familiares se trata ni en qué puestos habrían sido designados. Una portavoz de 'Abogados Cristianos' no ha contestado las preguntas de este diario al respecto de los supuestos indicios a los que alude el escrito alegando la imposibilidad de localizar al departamento jurídico la tarde del miércoles.
La competencia para instruir el incidente de recusación, según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), corresponde a un magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana designado según el turno establecido por orden de antigüedad (el escalafón en la carrera judicial).
“El derecho de esta parte a un juez imparcial y la mera apariencia de vinculaciones familiares políticas sería motivo más que suficiente para que el propio juez se hubiera inhibido, en lugar de solicitar expresamente enjuiciar los casos que esta parte tiene contra ayuntamientos gobernados por PSOE y Compromís para proceder sistemáticamente a la exoneración de dichos ayuntamientos y con expresa condena a costas a esta parte, a modo disuasorio”, señala la letrada.
El contundente escrito repasa cinco procedimientos contra el consistorio en los que el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castelló no les bailó el agua. “En todos ellos conoció el mismo juzgador y en todos ellos el resultado fue siempre el mismo, es evidente que después de tal cantidad de procedimientos, existe un prejuzgamiento” por parte del magistrado, lamenta el incidente de recusación. La entidad ultra considera que concurre la causa para que el juez sea recusado, prevista en la LOPJ, de “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”.
'Abogados Cristianos' destaca singularmente el auto del juez que frenó la medida cautelar de secuestro de un lote de libros de temática LGTBI para los centros docentes de Castelló. Una petición que la magistrada sustituta aceptó en un primer momento, propiciando una protesta generalizada de autores, entidades y editoriales LGTBI e incluso del presidente argentino.
La misma jueza, también como sustituta, había avalado previamente una pseudoterapia para un paciente con COVID, una polémica decisión que sublevó a la comunidad médica. En el caso del secuestro de los libros, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castelló “procedió al levantamiento de la medida cautelar, con expresa imposición de costas a esta parte”, deplora 'Abogados Cristianos'.
Inicio de los trabajos de retirada
Ajenos a las concentraciones opuestas, los operarios encargados del traslado del vestigio franquista han iniciado los trabajos para el desmontaje del monumento del parque Ribalta de Castelló. La primera fase del proyecto, con un plazo de ejecución de seis semanas y un coste de 62.589 euros, consiste en la construcción de una estructura de madera que protegerá la cruz durante el traslado. Una vez desmontada, se transportará hasta la explanada de la iglesia de Sant Tomàs de Villanueva, en el barrio de Rafalafena, el destino elegido por el obispado castellonense para el monumento franquista.
El Ayuntamiento de Castelló también prevé adecentar el espacio que ocupaba la cruz franquista en el parque. “Dimos cumplimiento a las leyes en materia de memoria democrática y con este objetivo hemos iniciado las obras de retirada de la cruz de los caídos del parque Ribalta”, ha explicado el edil de Obras y Proyectos Urbanos, José Luis López, en declaraciones a la cadena autonómica À Punt. “Un proyecto con el que, además, recuperamos el espacio ocupado por el monumento en el parque Ribalta, integrándolo en el bien de interés cultural y tomando como base los planes anteriores a la instalación del monumento que se retira, del año 1926”, ha agregado el concejal durante una visita a los trabajos preliminares a la retirada.
El PP y Vox asisten a la concentración ultra
La concentración convocada por 'Abogados Cristianos', a la que se han sumado representantes del PP y de Vox, ha contado apenas con una decena de asistentes. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, junto con otros ediles del partido conservador, se ha concentrado ante el monumento erigido en la posguerra y ha reivindicado que la cruz “es desde 1979 un monumento resignificado y desde hace 43 años rinde homenaje a todas las víctimas de la violencia, sin distinción”. “Por eso debe quedarse donde está”, ha dicho Carrasco.
La portavoz adjunta de Vox en las Corts Valencianes, Llanos Massó, también ha acudido a la convocatoria de 'Abogados Cristianos' y ha exihibido un cartel con el lema 'La cruz no se toca'. El partido de extrema derecha tilda de “ataque a nuestros símbolos religiosos, patrimonio e historia” la retirada del vestigio franquista.
El director de campañas de 'Abogados Cristianos', Norberto Domínguez, ha asegurado que la retirada del monumento a los caídos ha sido una “decisión totalitaria” y “un ataque” a un símbolo religioso de Castelló, “a su patrimonio y a su historia”.