La Universidad de Valencia intenta parar la enorme bola de nieve provocada por la ingente deuda que la administración autonómica tiene con la institución. Por ello, ha presentado una recurso contencioso-administrativo en los tribunales para intentar cobrar al menos dos millones de euros.
Esa es la cantidad, según Las Provincias, que varios proveedores han reclamado a la Universidad, que no ha atendido sus pagos porque carece de liquidez dados los retrasos en la percepción de subvenciones por parte de la administración autonómica.
Ésta, según los rectores, debe 800 millones de euros a las cinco universidades valencianas públicas, además de la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Alicante, la Miguel Hernández de Elche y la Jaume I de Castellón. Entre las cinco agrupan al 91% de universitarios de la Comunitat Valenciana, 146.000.
Los problemas económicos en la educación superior valenciana no son nuevos. Los rectores han advertido en varias ocasiones de su estrangulamiento financiero, que incluso habría puesto en peligro –de momento, sin llegar la sangre al río- el cobro de las nóminas de sus trabajadores.
De hecho, son muchos los meses en los que la Generalitat no atiende sus obligaciones económicas. Con el acceso al crédito imposible o muy gravoso –por los altos intereses que exigen los bancos-, las universidades han controlado el gasto al detalle y han priorizado los pagos a los pymes en detrimento de empresas de mayor tamaño, normalmente menos endebles ante eventuales impagos.
Ahora, sin embargo, la situación es insostenible, de ahí la denuncia judicial de la Universidad de Valencia. El Consell debe 800 millones a las universidades, cuyos rectores anunciaron el 4 de diciembre “medidas conjuntas” –sin descartar ninguna iniciativa- si la administración no paga este mes los 60 millones que debe en concepto de la deuda histórica a pagar en 2013.