Pese a que han pasado cuatro meses del asalto a la Fundación Deportiva Municipal, aún no se han esclarecido los motivos de ese extraño suceso. El robo que padeció el ente dependiente del Ayuntamiento de Valencia no afectó a bienes materiales. Según aseguró en su día la concejala de Deportes, Maite Girau, se hallaron documentos sacados de los cajones y armarios. “La documentación estaba por el suelo. Aunque no se entiende, porque ahora la información está digitalizada”, indicó a eldiario.es la concejala.
De hecho, las dependencias que guardan la información más comprometida de la Fundación como contratos, expedientes, facturas y todo tipo de archivos contables fueron las que se encontró revueltas la dirección del organismo. Según fuentes municipales, aún se está inspeccionando si se llevaron algún documento. Y entre los revisados se encuentran los polémicos contratos por valor de 531.000 euros otorgados a Trasgos durante la etapa del PP.
Según denunció Compromís, durante los 24 años de gobierno de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se habrían troceado contratos por un valor de 2,7 millones de euros al grupo Trasgos Comunicación S.L., de entre los cuales cerca de medio millón de euros correspondían a adjudicaciones licitadas por la Fundación Deportiva Municipal. Los departamentos de Sanidad, Deportes, Policía, Relaciones Internacionales o Innovación fueron los que dieron contratos a las distintas firmas del grupo empresarial.
La mayoría de la facturación -800.000 euros- se corresponde a trabajos realizados en las distintas ediciones de Expojove. Entre esos contratos, la constructora del grupo Trasgos -Construcciones Payá y Montesinos- facturó por conceptos de maquetación, sonorización y cartelería para eventos al Ayuntamiento en lugar de por asuntos urbanísticos.
La empresa no solo había recibía licitaciones del Ayuntamiento. También ha trabajado, según refleja la contabilidad del partido, para el PP durante las campañas electorales del PP de Valencia. En total, la mercantil cobró 27.257 euros a los populares por actos de campaña en la ciudad. Según publicó El Mundo, tras pararse la investigación -y a raíz de las sospechas sobre la financiación ilegal del PP en la ciudad derivadas de la 'operación Taula'- la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) ha reanudado la investigación sobre estos hechos tras recibir varios oficios del juez.