La portavoz de València en Comú en el Ayuntamiento de València y candidata a la alcaldía por Podemos, María Oliver, ha sido citada a declarar como investigada (antes imputada) el próximo día 10 de abril por un convenio con la Universitat de València para realizar un estudio del sistema educativo de la ciudad y que, según la denuncia inicial del PP, se adjudicó “a dedo”.
Así consta en la providencia del Juzgado de Instrucción número 19, en la que también se cita a declarar en calidad de testigo el día 3 de abril a una trabajadora del Ayuntamiento, según ha adelantado Las Provincias.
La investigación tiene su origen en una nueva denuncia del asesor del PP Luis Salom, interpuesta en febrero del año pasado contra Oliver por un posible delito de prevaricación, supuestamente cometido por encargar “a dedo”, según la denuncia, el citado estudio a “un compañero de partido”, miembro del máximo órgano de Podemos en la Comunitat y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València.
El juzgado ya requirió al Consistorio el expediente del citado convenio el pasado 10 de marzo y en junio citó a declarar en calidad de testigo al interventor general municipal.
Según el denunciante, era “cuanto menos sospechoso” que la adjudicación de este estudio se hiciese “mediante un convenio de forma directa, al margen de cualquier convocatoria pública y sin justificación alguna, tal y como hace constar la intervención municipal en dos informes”.
En su momento, Oliver, que es concejala de Educación del Ayuntamiento y portavoz de València en Comú (la marca de Podemos en València), explicó que el convenio con la Universitat para el estudio sobre el sistema educativo de la ciudad había “pasado todos los filtros del Ayuntamiento con alguna pequeña observación”.
La recientemente proclamada candidata de Podemos a la alcaldía de València argumentó entonces que era “un trabajo necesario” que se hizo con una institución pública y que se daba “un contenido pedagógico para gente que está investigando”, por lo que consideraba que ese tipo de colaboración solo se podía hacer con un convenio.
Salom, imputado por presunto blanqueo en el marco del caso Taula por supuesta financiación ilegal del PP, en el que están imputado nueve de los 10 concejales populares en Valencia, ha planteado alrededor de una quincena de denuncias contra diferentes cargos del equipo de Gobierno municipal formado por Compromís, PSPV y València en Comú y hasta ahora todas han acabado archivadas tras la declaración de los investigados.