El Ayuntamiento de València repondrá parcialmente parte del expolio que supuso para la ciudad la operación urbanística de Tabacalera dirigida en la etapa del PP por el vicealcalde, Alfonso Grau, con el beneplácito de la entonces alcaldesa Rita Barberá.
Fuentes de la Concejalía de Urbanismo que dirige el edil Vicent Sarriá (PSPV) han informado que la comisión de Desarrollo Urbano aprobará el próximo lunes 22 de mayo la redacción de un nuevo planeamiento para todo el entorno del edificio que incluirá la recostrucción de las naves laterales derribadas.
La propuesta de acuerdo que se debatirá y que, salvo imprevisto, saldrá adelante, dará cuenta en primer lugar de la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), refrendada después por el Supremo, que anula la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el planeamiento y la permuta que dio lugar a la operación urbanística.
Además, se ncargará al Servicio de Planeamiento que se proceda a redactar y tramitar un nuevo instrumento de planeamiento para el ámbito afectado.
El nuevo planeamiento deberá tener en cuenta la reconstrucción de las naves laterales del edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos con fachada a las calles Naturalista Rafael Cisternes y Naturalista Arévalo Baca.
Además, deberá incluir la eliminación de la edificabilidad privada de la parcela con fachada a la Calle Micer Mascó que se encuentra pendiente de edificación, trasladando el aprovechamiento patrimonializado a otro punto de la ciudad con valor urbanístico similar, al objeto de destinar dicha parcela a usos dotacionales públicos.
Por último, deberá recuperar el uso dominante residencial plurifamiliar de los edificios construidos en las calles Micer Mascó 42 y la Avenida Navaruo Reverter 17, en aras de la seguridad jurídica y en garantia de los derechos de los terceros hipotecarios adquirentes de buena fe.
El mencionado fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, tras las denuncias del colectivo Salvem Tabacalera, resolvió que la permuta fue una operación «especulativa» y que constituyó expolio del patrimonio histórico, en concreto, de uno de los edificios de la Exposición Regional de 1909.
La operación Tabacalera se gestó en plena orgía inmobiliaria. En 2002, Guadalmedina compró a Altadis por siete millones de euros el 49% del edificio que la empresa utilizaba para producir cigarrillos.
Ese mismo año, la empresa solicitó una permuta al Ayuntamiento de Valencia: el cambio de la fábrica por un solar municipal más centrico -en la Plaza América- y la construcción de dos edificios a espaldas de la edificación histórica.
La alcaldesa, Rita Barberá, aceptó. En 2005, tras las modificación del plan general de ordenación urbana y los permisos de la Generalitat, anulados después por el TSJCV, el Ayuntamiento y Guadalmedina firmaron un convenio.
La ciudad ganaba un edificio histórico que ahora ocupan 1.800 funcionarios y, según el PSOE, la constructora pegaba un pelotazo de 75 millones -las estimaciones han ido cambiando- gracias a la construcción de tres edificios en dos del las mejores zonas de la ciudad. Las ganancias de la empresa implicaban que la ciudad había enajenado su patrimonio a un precio inferior al de mercado, en aquella época en ebullición.
El tesón del movimiento cívico, Salvem Tabacalera, ha tenido frutos. Este movimiento cívico denunció que la operación era ilegal porque destrozaba parcialmente un complejo protegido, declarado Bien de Relevancia Local e indebidamente protegido por el Servicio de Patrimonio del Consistorio