Transcurridos veintisiete días desde la catástre provocada por la DANA, los seis alcaldes y alcaldesas de los municipios por donde discurre el barranco Pozalet-Saleta, han solicitado sendas reuniones a la Confederación Hidcrográfica del Júcar (CHJ) y a la Generalitat Valenciana: “Vamos a exigir medidas urgentes e información sobre qué pasó en el episodio del pasado 29 de octubre, con trágicas consecuencias para nuestras localidades”, suscriben los presidentes de los consistorios de Aldaia (Guillermo Luján), Alaquàs (Toni Saura), Xirivella (Paqui Bartual), Quart de Poblet (Cristina Mora), Riba-roja (Robert Raga), Loriguilla (Montserrat Cervera) i Xest (José Morell).
Los alcaldes y alcaldesas afectados por el mencionado barranco, se han unido para alzar la voz ante las instituciones supramunicipales y han insistido en que “la dana se ha cobrado muchas vidas y no debe demorarse por más tiempo atajar el desvío y dar una solución integral a los eternos problemas de inundabilidad del barranco Pozalet-Saleta”. De cara a los inmediatos trabajos de reconstrucción de las infraestructuras dañadas, piden rigor científico y técnico “para no repetir los problemas anteriores”, subrayan.
La reacción de los primeros ediles se ha producido tras hacer público elDiario.es el ultimátum que lanzó la CHJ a la Conselleria de Medio Ambiente el pasado mes de junio para poder avanzar con el proyecto de encauzamiento de La Saleta, integrado en el proyecto global de la rambla del Poyo.
La CHJ dio un plazo de un mes a Medio Ambiente para que contestara a determinadas porpuestas e informes con el objetivo de seguir con la tramitación.
En su respuesta, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente afirma que “en relación con la zona de huerta expropiada, desde el punto de vista de las competencias de esta Dirección General, y, visto que resulta necesaria una adecuada coordinación entre administraciones, considerar adecuado el trazado propuesto en el proyecto de la CHJ sobre los terrenos de huerta expropiados, para que sean utilizados para el citado encauzamiento. Todo ello como continuación de la tramitación de la documentación presentada ante esta Dirección General”.
Sobre el informe de febrero de 2024 de la CHJ realiza algunas precisiones: “De conformidad con el art.24 de la Ley 5/2018 de la Huerta de Valencia, resulta necesaria la aportación de un estudio de integración paisajística, por la incidencia en el paisaje del proyecto, debiendo este ser informado favorablemente antes de la aprobación final del proyecto, y recomendándose su aportación antes de la emisión del informe ambiental”, una afirmación que tumba el argumento de que esta normativa sea incompatible con el proyecto.
Además, en relación con la propuesta que hacía el entonces Servicio de Gestión Territorial (SGR) en cuanto a valorar otro tipo de alternativa para el tramo final, en la entrega al río Turia, la CHJ indica que se ha llegado a otra solución consensuada con la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana que evita que el sistema de entrega entre en carga: “Por el momento no se ha recibido documentación sobre esta nueva solución, deberá ser informada por esta Dirección General previamente a la aprobación definitiva del proyecto. En cualquier caso, sin conocer los detalles de la solución final adoptada, se valora de forma positiva un cambio en ese tramo que evite la entrega en carga al Turia”.
Por último, afirma la dirección general de la conselleria que “en relación con lo indicado respecto a las áreas de sacrificio, trazado y el espacio verde triangular, desde el Servicio de Planificación Territorial se estima favorablemente lo indicado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)”.