“La Actuación Territorial Estratégica (ATE) por la que al Valencia CF se le otorga una recalificación del suelo del viejo Mestalla se concibió con el objetivo de construir un nuevo estadio para el promotor del plan que es el club; por tanto, hay una obligación explícita de ejecutarlo que el club debe asumir, de lo contrario, pierde todos los derechos que le otorga la ATE y el Ayuntamiento estudiaría posibles soluciones”. Esto afirma la vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, sobre el escenario con el que se puede encontrar el Consistorio si finalmente el Valencia CF incumple los plazos de la ATE y no finaliza en el tiempo previsto las obras del recinto ubicado en la avenida de las Corts Valencianes.
El documento urbanístico establece que el nuevo Mestalla debe estar finalizado en mayo de 2021, un plazo ya de por sí casi imposible de cumplir, y el viejo Mestalla derribado como fecha límite en 2023, puesto que entre ese año y 2025 deben estar ejecutados los edificios de viviendas en la parcela de la avenida de Aragón.
Según Gómez, “el abanico de posibilidades es amplio y habría que llegar a un acuerdo con el Valencia CF porque se trata de garantizar el interés general de la ciudad, pero también el del club; las opciones básicamente pasan por estudiar fórmulas para finalizar el estadio o por su demolición”.
Sobre la fuerza jurídica del Ayuntamiento para adoptar esta última opción, la viacealcaldesa explica que “en primer lugar el tener una obra de esas dimensiones a medio construir puede generar problemas de seguridad, pero sobre todo es que ese esqueleto de hormigón no puede permanecer de forma indefinida porque sin la ATE no tiene cobertura legal”.
En cuanto a las fórmulas para finalizarlo, pasarían por la ejecución directa por parte del club vendiendo la parcela del viejo Mestalla, pero sin la recalificación y por tanto a un valor mucho menor al no haber posibilidad de construir pisos, o bien por la posibilidad de que el Ayuntamiento sacara a concurso las obras y después repercutiera la factura de forma subsidiaria a la entidad valencianista.
“Son escenarios a los que no queremos llegar por eso decimos que la mejor opción es que el club cumpla con lo comprometido en la ATE”, afirma Gómez.
Como avanzó eldiario.es, el incumplimiento de los plazos fijados de la ATE supondrá la pérdida de los 89.000 metros cuadrados de edificabilidad que reportarían al club entre 110 y 150 millones de euros.
Por su parte, consultadas fuentes del Valencia CF, se limitan a afirmar que el objetivo del club y del Ayuntamiento es el mismo, es decir, la finalización del estadio.
Otra opción que daría tiempo y aire a la entidad del magnate de Singapur, Peter Lim, pasaría por negociar una prórroga de la ATE con la Generalitat Valenciana, en concreto, con la Conselleria de Economía que dirige el conseller Rafael Climent. Sin embargo, fuentes de su departamento confirman a este diario que nadie del club valencianista les ha contactado hasta ahora